Xalapa, Ver., lunes 11 de mayo de 2026.– El Gobierno de Veracruz avanza en la modernización de su parque vehicular mediante la adquisición de unidades especializadas que fortalecen la atención a la población, al tiempo que implementa una estrategia de depuración de vehículos en desuso para reducir gastos y optimizar los recursos públicos.
Como parte de esta política, la gobernadora Rocío Nahle García ha invertido, en lo que va de su administración, en la adquisición de activos estratégicos orientados a mejorar la capacidad operativa del Estado, entre los que destacan helicópteros para combate de incendios y atención de emergencias, patrullas, ambulancias, pipas y unidades tipo Vactor.
Lo anterior es parte de la planeación enfocada en fortalecer la capacidad de respuesta institucional, particularmente en áreas clave como protección civil, salud y servicios públicos, donde disponer de equipo funcional resulta esencial para una atención oportuna.
En paralelo, la administración estatal realiza un diagnóstico integral del parque vehicular en todas las dependencias, el cual ha permitido identificar miles de unidades en estado de abandono o consideradas chatarra, que generan un gasto constante por concepto de seguros, tenencias y obligaciones administrativas, sin aportar utilidad alguna.
Ante este escenario, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación se lleva a cabo el proceso de baja y subasta de dichas unidades, con autorización del Congreso del Estado, lo que permitirá liberar cargas financieras y sanear los inventarios institucionales.
Esta estrategia responde al principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos: eliminar activos que generan gasto innecesario y redirigir esos recursos hacia la adquisición de equipo útil que fortalezca los servicios a la ciudadanía.
“Me interesa que la gente esté enterada de cómo estamos manejando la administración, cómo estamos ordenando y dónde estamos ajustando, pero también dónde vamos invirtiendo”, expresó la Gobernadora, al subrayar que la disciplina financiera permite no sólo eliminar gastos innecesarios, sino también generar condiciones para fortalecer el servicio público, como el reciente incremento salarial a las y los trabajadores del Estado.
