Esposo de secretaria de Salud es internado en hospital privado y reafirma crisis del sector salud de Veracruz
Alejandro Ávila
Veracruz, Ver.- La hospitalización de Gustavo Domínguez Aguirre, esposo de la secretaria de Salud de Veracruz, Mariela Hernández García, en el Hospital Ángeles de Xalapa ha reabierto el debate en torno a la calidad y suficiencia del sistema de salud pública en el estado.
Domínguez Aguirre ingresó a esta institución privada de alta especialidad para recibir atención médica por un problema vascular grave; el centro médico cuenta con acreditación internacional Platinum de Accreditation Canada y dispone de servicios de urgencias, cardiología, angiología y cirugía vascular, un procedimiento de esta magnitud en el sector privado puede oscilar entre los 200 mil y 300 mil pesos, considerando honorarios médicos, estancia hospitalaria e insumos quirúrgicos.
El hecho generó cuestionamientos públicos sobre la congruencia entre el discurso oficial y las decisiones personales de los funcionarios, mientras la administración estatal sostiene que las unidades médicas operan bajo estándares óptimos y equiparables a modelos internacionales (como el sistema IMSS-Bienestar que coordina la dependencia estatal), ciudadanos y personal médico han reportado reiteradas carencias de insumos en hospitales públicos.
A principios de septiembre, el Gobierno de Veracruz reconoció la existencia de necesidades operativas en nosocomios de las regiones de Xalapa y Veracruz – Boca del Río, lo que motivó la implementación de compras directas y redistribuciones de material, estas acciones ocurrieron de manera paralela a polémicas protagonizadas por funcionarios del sector salud, quienes han desestimado denuncias sobre desabastecimiento y sostenido confrontaciones públicas con personal médico que reclama insumos para realizar intervenciones quirúrgicas.
Organizaciones y sectores de la sociedad civil han señalado que, si bien cualquier familia tiene el derecho legítimo de elegir la atención médica de su preferencia ante una emergencia de salud, el caso evidencia la brecha existente entre la infraestructura privada y la realidad que enfrenta la población que depende exclusivamente de los servicios públicos del estado.
