Abogados denuncian que el PJEV condiciona acceso a juzgados a cambio de datos biométricos

Isabel Ortega

Xalapa, Ver., 27 de octubre 2025.- El 22 de octubre, el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz emitió un comunicado en el que anunció la creación de un sistema biométrico para controlar el acceso y salida de las instalaciones, así como la identidad de abogadas, abogados, personas usuarias y trabajadoras del Poder Judicial.

En el documento se detalla que el personal de seguridad, ubicado en todos los accesos, será responsable de permitir o negar el ingreso de los visitantes, además de controlar la salida de quienes acudan a las oficinas judiciales.

Previo al anuncio oficial, personal del Poder Judicial pidió a los abogados participar en la toma de datos biométricos con el fin de integrar el nuevo sistema de control de ingreso y salida de visitantes.

El abogado Valentín Olmos Alfonso presentó una queja ante el Órgano de Administración Judicial luego de que se le impidiera el acceso a instalaciones judiciales por negarse a entregar sus datos biométricos —específicamente reconocimiento facial e iris— requeridos como condición para ingresar.

En el escrito dirigido a la presidenta del órgano, Alma Rosa Flores Ceballos, el promovente expuso que el pasado 18 de septiembre, alrededor de las 9:00 horas, al acudir a realizar diligencias se le solicitó registrarse en el sistema biométrico sin que se le proporcionara información previa sobre el tratamiento de sus datos personales.

Afirmó que personal de seguridad le negó el acceso tras no aceptar dicha condición, lo que —sostiene— vulneró su derecho de acceso a la justicia. “No me parece justo que, como litigante o ciudadano, tenga uno que estar registrado para poder ingresar”, expresó en el documento.

Además, Olmos señaló un presunto trato diferenciado, pues observó que personas proveedoras de servicios dentro del edificio ingresaron sin cumplir con el registro biométrico. “Entonces, ¿el acceso es para ciertas personas?”, cuestionó.

El abogado también manifestó preocupación por el manejo de la información recabada, al advertir que los datos quedan almacenados en equipos de cómputo sin que se especifiquen las medidas de seguridad aplicadas. “No podemos permitir que nuestros datos queden registrados en una laptop, donde se puede prestar a que dicha información tenga mal uso”, señala el escrito.

Entre los puntos destacados en la queja resalta que no se le entregó aviso de privacidad que informara sobre el uso, fines y resguardo de los datos; tampoco se le ofreció una alternativa razonable para acreditar identidad sin registrar biométricos, como se realizaba previamente.

Olmos recordó que los datos biométricos son considerados datos personales sensibles, por lo que requieren consentimiento informado.

En los fundamentos legales citados, refiere el artículo 6º de la Constitución Federal, así como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley 316 del Estado de Veracruz, que establecen que el uso de datos biométricos debe estar sustentado en base legal, contar con aviso de privacidad, medidas reforzadas de seguridad y consentimiento expreso, salvo disposición legal específica.

Finalmente, solicitó al Órgano de Administración Judicial que revise y regule los mecanismos de acceso, garantice la protección de datos personales y restituya el derecho de ingresar a los edificios judiciales sin condicionarlo al registro biométrico.

El abogado también denunció que, en algunos juzgados municipales, se ha limitado el acceso de litigantes bajo el argumento de que no aparecen en las listas de control de las oficinas centrales en Xalapa, lo que los obligaría a trasladarse hasta la capital solo para registrarse en el libro de visitas.

No hay reglas claras para el manejo de la información

Expertos en protección de datos personales advirtieron que, con la creación del sistema de reconocimiento facial, se está tratando a los abogados como si fueran empleados del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV).

Señalaron además que no existe una legislación clara que sancione el mal uso de los datos personales, ni se informa a los visitantes cómo se resguardará la información, si existe algún aviso de privacidad disponible o cuáles son las medidas tecnológicas de seguridad implementadas para proteger los datos del sistema.