La Secretaría de Finanzas y Planeación confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Fiscalía de Veracruz; el caso involucra recursos por alrededor de 280 millones de pesos manejados por la fundación EDAL.
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Xalapa, Ver; 27 de agosto 2026.- El caso relacionado con el manejo de recursos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) ya se encuentra también en el ámbito federal.
El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández, confirmó que presentó dos denuncias distintas, una ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz y otra ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con lo informado por la dependencia, en el caso existen presuntos responsables, cuya situación jurídica y eventual responsabilidad deberán ser determinadas por las autoridades ministeriales conforme avance la investigación.
Uno de los datos que dimensiona el caso es el monto de los recursos involucrados. Finanzas señaló que la fundación EDAL, relacionada con el manejo de recursos de la universidad, habría manejado alrededor de 280 millones de pesos.
La dependencia precisó que no se está estableciendo de manera anticipada que la totalidad de ese dinero corresponda a recursos ilícitos, sino que los 280 millones de pesos deben ser investigados para determinar su origen, procedencia y trazabilidad.
La denuncia presentada ante la FGR abre ahora una ruta de investigación en el ámbito federal, particularmente por la naturaleza de los delitos señalados.
Será la Fiscalía General de la República, junto con la autoridad ministerial estatal en el ámbito de sus respectivas competencias, la que determine qué ocurrió con los recursos, quiénes participaron y si existen elementos suficientes para acreditar responsabilidades penales.
Por ahora, el dato central es contundente: el caso UPAV ya no solamente se encuentra bajo investigación en Veracruz; también existe una denuncia formal ante la autoridad federal por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
