Xalapa, Ver.— El reemplacamiento vehicular volverá al centro de la discusión pública en Veracruz durante 2027. El Gobierno estatal proyecta una nueva etapa de renovación de matrículas para vehículos con placas expedidas entre 2019 y 2022, una medida que ha generado críticas de partidos de oposición, que advierten sobre su impacto en la economía familiar y cuestionan la necesidad de realizar nuevos cobros.
El anuncio se produce mientras continúa el programa de reemplacamiento de 2026, dirigido a unidades con placas expedidas hasta noviembre de 2018 y anteriores. La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) reportó avances en ese proceso y anticipó que la actualización del padrón continuará por etapas.
El argumento del Gobierno: seguridad y actualización del padrón
La gobernadora Rocío Nahle García y el titular de Sefiplan, Miguel Santiago Reyes Hernández, han defendido el programa como una estrategia para contar con información actualizada de los vehículos y sus propietarios, fortalecer la identificación de las unidades y mejorar las condiciones de seguridad.
El Gobierno sostiene que el reordenamiento no debe entenderse únicamente como un cobro por nuevas láminas, sino como parte de un proceso para organizar el padrón vehicular y brindar certeza jurídica a los propietarios.
En el programa de 2026, las autoridades también incorporaron incentivos fiscales y facilidades para regularizar adeudos. Sin embargo, para la etapa proyectada de 2027 todavía no se han precisado oficialmente el costo definitivo, los plazos ni todos los requisitos.
La siguiente fase contempla vehículos con placas emitidas entre 2019 y 2022. Para 2028 se ha mencionado otro periodo de actualización, aunque el calendario anunciado presenta un traslape en el año 2022 que deberá aclararse.
La oposición cuestiona el cobro
Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional han expresado su rechazo a que el cambio de placas implique un nuevo gasto para los automovilistas.
El dirigente estatal de MC, Luis Carbonell, anunció que su partido buscará impulsar una iniciativa para establecer placas permanentes y permitir que los datos de los vehículos se actualicen sin obligar a los propietarios a pagar nuevamente por las matrículas.
Carbonell cuestionó que se contemple otra etapa cuando aún se encuentra en marcha el programa de 2026. También sostuvo que, a su juicio, el reemplacamiento se ha utilizado de manera recurrente como mecanismo recaudatorio y que no se ha demostrado que el cambio de láminas, por sí solo, garantice mejores resultados en materia de seguridad.
Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Enrique Cambranis Torres, pidió que el trámite sea gratuito y reclamó transparencia sobre el destino de los recursos que pudieran obtenerse.
El legislador consideró que la identificación de vehículos puede contribuir a las labores de vigilancia, pero advirtió que el cambio de placas no garantiza por sí mismo una disminución de los delitos. También pidió que el Gobierno presente un plan que explique los objetivos del programa, su relación con la estrategia de seguridad y los resultados que pretende alcanzar.
Así, la discusión no se limita a si deben renovarse las matrículas, sino a quién debe asumir el costo, qué resultados concretos se esperan y de qué manera se transparentarán los recursos.
Un antecedente que se remonta a los años sesenta
El debate sobre los cobros vehiculares suele relacionarse con la historia de la tenencia, aunque se trata de conceptos distintos: la tenencia grava la propiedad o el uso del vehículo, mientras que el reemplacamiento corresponde al cambio o expedición de matrículas.
La historia de la tenencia en México se remonta a 1962, cuando se promulgó la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, que entró en vigor en 1963. Con el paso del tiempo se popularizó la versión de que el impuesto fue creado para financiar los Juegos Olímpicos de 1968; sin embargo, registros históricos señalan que su aplicación comenzó antes de que México formalizara su candidatura para organizar esos juegos.
En 2007 se aprobó la eliminación del impuesto federal, efectiva a partir de 2012, con lo que los estados quedaron en libertad de decidir cómo aplicar el gravamen en sus respectivas jurisdicciones. Por ello, la situación de la tenencia no debe confundirse con la obligación de renovar placas, que tiene reglas y calendarios propios.
En el caso del reemplacamiento, distintas entidades han adoptado políticas y calendarios diferentes. Para afirmar que un estado eliminó definitivamente cualquier renovación o cobro sería necesario revisar su normativa vigente, ya que las condiciones pueden variar entre placas permanentes, canjes periódicos y actualizaciones administrativas.
¿Qué falta por aclarar para 2027?
Aunque el Gobierno de Veracruz ha expuesto sus argumentos de seguridad y actualización registral, y la oposición ha planteado alternativas sin cobro, aún quedan preguntas centrales para los automovilistas:
¿Cuál será el costo total del trámite en 2027?
¿Qué vehículos estarán obligados a cambiar sus placas y en qué fechas?
¿Qué resultados verificables se esperan en materia de seguridad y control vehicular?
¿Cómo se transparentarán los ingresos obtenidos?
¿Es posible mantener actualizado el padrón sin exigir un nuevo pago por las matrículas?
Por ahora, el programa de 2027 se encuentra en fase de previsión y los detalles definitivos deberán ser comunicados por las autoridades estatales.
El reemplacamiento vuelve así a poner sobre la mesa la tensión entre las necesidades administrativas y de seguridad que argumenta el Gobierno y la exigencia ciudadana de evitar cobros adicionales sin una justificación clara y resultados comprobables.
Sigüenza Comunica dará seguimiento al calendario oficial, los costos y las posturas de las autoridades y los partidos políticos sobre el reemplacamiento vehicular en Veracruz.
