Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero permaneció seis años como titular de la Fiscalía General de la República, durante ese tiempo, la información de sus bienes patrimoniales permaneció oculta, al igual que la de otros doce funcionarios con puestos clave en la institución.

Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, consultadas por EL UNIVERSALen la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y Declaranet, muestran que la información relativa a sus bienes no está disponible a partir del año en que ingresaron a trabajar en la fiscalía.

En algunos casos, las declaraciones indican que “el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales” y en otros, el Comité de Transparencia de la FGR determinó que por razones de seguridad la información debía clasificarse, por lo que al consultar los documentos, el contenido relativo a sus bienes e ingresos distintos a su salario como servidores públicos no es visible.

Entre estos casos se encuentran Germán Adolfo Castillo Banuet, ex titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional; Alfredo Higuera Bernal, ex titular de Delincuencia Organizada; Facundo Santillán Julián, de la Fiscalía de Delitos Electorales; María de la Luz Mijangos Borja, de Combate a la Corrupción; y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, de Derechos Humanos.

Ramos era considerado cercano a Gertz Manero. En marzo de 2022, se filtraron audios de una llamada telefónica entre ambos, en la que discutían un expediente en posesión de la Suprema Corte. El caso estaba relacionado con la muerte del hermano del entonces titular de la FGR, Federico Gertz. El fiscal acusaba a la ex pareja de éste, Laura Morán, y a su hija, Alejandra Cuevas.

En la conversación, Gertz Manero afirmaba que estaba presionando a los ministros para obtener un fallo favorable. Como consecuencia, Alejandra Cuevas permaneció 528 días en prisión, hasta que fue liberada tras un fallo unánime de la Corte. Ramos López falleció en septiembre de 2023 tras complicaciones de una operación.

La sucesora de Juan Ramos en la FECOC: Cristina Fernanda Reséndiz, también ocultó su información patrimonial al asumir el cargo en 2023. Tras la renuncia de Gertz Manero, la ley indica que Reséndiz debía asumir la titularidad interina de la FGR, sin embargo, fue sustituida por Ernestina Godoy Ramos.La sucesora de Juan Ramos en la FECOC: Cristina Fernanda Reséndiz, también ocultó su información patrimonial al asumir el cargo en 2023. Tras la renuncia de Gertz Manero, la ley indica que Reséndiz debía asumir la titularidad interina de la FGR, sin embargo, fue sustituida por Ernestina Godoy Ramos.

Con respecto al propio Gertz Manero, el Comité de Transparencia de la FGR, en sesión extraordinaria el 3 de mayo de 2024, clasificó como información reservada todos los datos de sus declaraciones patrimoniales por un periodo de cinco años.

El acta de la sesión indica que la decisión se tomó con base en el Artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia, el cual indica que para permitir el acceso a la información se requiere el “consentimiento del particular titular de los datos”. Gertz no dio su consentimiento, por lo cual, filtrar sus datos patrimoniales sería “una violación a sus derechos humanos”, señala el documento.

Otra de las razones alude a la seguridad nacional. El Comité de Transparencia argumentó que declarar los ingresos netos expondría la capacidad económica, actividades y lugares frecuentados por el funcionario, lo que lo volvería “presa fácil” de intercepción por parte de grupos delictivos y “delincuentes comunes”, hechos que podrían potenciar “el riesgo de un ataque directo a él, su personal o sus familiares”, indica el acta.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas exige que los servidores públicos presenten declaraciones patrimoniales y de intereses bajo protesta de decir la verdad. Estas deben contener datos sobre bienes, ingresos y posibles conflictos por el ejercicio de su cargo.

A partir de estas declaraciones, las dependencias pueden revisar cómo han cambiado los bienes del servidor público, identificar irregularidades y activar alertas por posibles actos de corrupción. Si existe un aumento patrimonial que no corresponde con los ingresos declarados, la autoridad está obligada a solicitar una explicación y, en caso de no ser satisfactoria, abrir un expediente y presentar la denuncia correspondiente.

Sin embargo, el artículo 29 de la ley señala que la versión pública de una declaración sólo incluirá información que no vulnere la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Por esa razón, ciertos rubros pueden reservarse cuando exista una justificación legal en la materia.