Nula la labor de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas en Veracruz

Xalapa, Ver.— A más de una década de su creación, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) continúa arrastrando serias deficiencias que la mantienen lejos de cumplir su objetivo principal: proteger y respaldar al gremio periodístico en Veracruz.

El organismo comenzó a operar durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, uno de los periodos más violentos y adversos para el ejercicio periodístico en la entidad. Sin embargo, lejos de fortalecerse con el paso de los años, la CEAPP se ha convertido, para muchos comunicadores, en un espacio de acomodo político para periodistas afines al gobierno en turno, con escasa o nula incidencia real en la defensa del gremio.

Son numerosos los casos de comunicadores que han denunciado falta de apoyo, atención tardía o indiferencia por parte de la Comisión, incluso en situaciones de riesgo, amenazas o agresiones. La institución, señalan voces críticas, ha dejado de ser un órgano que coadyuve a la protección del periodismo para transformarse en un aparato costoso que responde más a intereses gubernamentales que a las necesidades del sector.

A este panorama se suma la omisión legislativa. En Veracruz, al menos seis o siete diputados locales han formado o forman parte del gremio periodístico; sin embargo, ninguno ha dejado una huella significativa en materia de legislación que garantice derechos, seguridad o condiciones dignas para quienes ejercen la labor informativa.

El contraste es evidente con otras entidades, como Guerrero, donde la protección a periodistas está contemplada incluso a nivel constitucional, con esquemas de apoyo que incluyen vivienda, educación para hijas e hijos, y medidas integrales de protección social.

En Veracruz, por el contrario, los periodistas continúan expuestos a asesinatos, amenazas, persecuciones y hostigamiento, en algunos casos provenientes de la propia autoridad, sin que exista un sistema efectivo de respaldo institucional, seguridad social o derechos laborales mínimos acordes a estándares nacionales e internacionales.

A la fecha, el estado sigue lejos de contar con un verdadero mecanismo protector y funcional para el gremio periodístico, mientras la exigencia de una política pública real y efectiva en favor de quienes informan permanece, una vez más, en espera.