Humo negro en la Fiscalía: impedimentos legales frenan la candidatura de la magistrada Lisbeth Jiménez Aguirre
Fotografía: Jan Xahuentitla
Información de Palabras Claras
Desde que el Congreso de Veracruz aprobó la reforma que desmonta el modelo de nueve años en la Fiscalía General del Estado (FGE) y devuelve al Ejecutivo la facultad de remover a la persona titular por “causas graves”, comenzaron a surgir nombres sobre quién podría relevar a Verónica Hernández Giadáns. Ninguno ha sido confirmado, pero uno tomó fuerza de inmediato: la magistrada Lisbeth Jiménez Aguirre.
Su acelerado posicionamiento sorprendió incluso dentro del círculo político. Funcionarios describen el movimiento como “rápido y furioso”: Jiménez Aguirre buscó instalarse públicamente como favorita, insinuando que contaba con el respaldo de la gobernadora Rocío Nahle. Sin embargo, detrás de esa aspiración existe un obstáculo mayor, del que poco se ha hablado: la magistrada enfrenta un impedimento jurídico directo, de origen constitucional.
El muro legal que frena a Jiménez Aguirre
El artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece una prohibición tajante:
quienes hayan sido magistrados, jueces o integrantes del órgano de administración no pueden representar a parte alguna ante el Poder Judicial durante los dos años posteriores a dejar el cargo.
Esta restricción es espejo del artículo 101 de la Constitución federal, que busca garantizar imparcialidad, independencia y evitar conflictos de interés.
El problema es evidente:
- La Fiscalía litiga diariamente ante los tribunales del Poder Judicial.
- La titular de la FGE representa al Estado en los procesos penales.
Por lo tanto, la incompatibilidad es automática. Una magistrada en funciones —o recién separada— no puede ser fiscal sin violar la prohibición constitucional.
¿Se puede resolver? Solo con maniobras políticas o reformas cuestionables
Para permitir que Jiménez Aguirre llegue a la Fiscalía existen únicamente dos caminos:
- Dispensa individual del Congreso del Estado, que la exima del periodo de dos años.
- Reforma legislativa que modifique o derogue el artículo 8 de la LOPJV.
Sin embargo, aunque se modificara la ley local, el artículo 101 de la Constitución seguiría imponiendo el mismo impedimento, volviendo la ruta prácticamente inviable y riesgosa ante un eventual control constitucional.
La designación sigue detenida: ni consenso, ni ruta legal clara
El Congreso de Veracruz no ha insinuado si concederá una dispensa, si reformará la ley o si simplemente dejará que el tema se desgaste. Mientras tanto, el proceso para nombrar a la nueva persona titular de la Fiscalía permanece estancado.
Entre silencios, cálculos políticos y señales cruzadas, la candidatura de Jiménez Aguirre no avanza. Sigue envuelta en humo negro, el mismo que en la tradición parlamentaria indica que no hay acuerdo, no hay decisión y tampoco una salida legal limpia.
Porque en política —y especialmente en justicia— siempre se llega al mismo punto:
o se respeta la ley, o se traiciona. Y hoy, en Veracruz, esa línea es más visible que nunca.
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