Gobernadores de la 4T y oposición piden a SCJN no eliminar prisión preventiva oficiosa

Los gobernadores de los 32 estados de la República, todos los de la “4T” y los de la oposición, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar la prisión preventiva oficiosa y advirtieron sobre los peligros de ello.

“No podemos dejar de señalar el colapso también de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todos y cada una de las solicitudes de cambios en las medidas cautelares que se tienen por prisión preventiva oficiosa”.

En un Amicus Curie dirigido al máximo tribunal de justicia, los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores coincidieron en que la eliminación de dicha medida cautelar provocaría un “grave impacto” en la seguridad del país.+

Advierten sobre peligros

Los gobernadores señalaron que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa se aplicaría a quienes están siendo juzgados por delitos de alto impacto “y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados graves”.

De igual manera, defendieron que la figura es parte de una política nacional de combate al crimen que posibilita un adecuado proceso penal, protegiendo a las víctimas, la no impunidad y la reparación de los delitos:

“Hacemos un llamado para que la SCJN considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables”, dijeron.

Por ello, solicitaron a la ministra presidenta, Norma Piña, mantener la “supremacía constitucional” sobre cualquier norma internacional, esto luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró “inconvencional” dicha medida cautelar.

Gobierno de AMLO también advierte a SCJN

El pasado 16 de abril, la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, advirtió a la SCJN los riesgos de eliminar la prisión preventiva oficiosa. La secretaria anunció que envió una carta a Norma Piña para exponer las razones por las que el proyecto que busca tirar esta medida cautelar implica riesgos para la seguridad mexicana.

En el documento aseguró que de aprobarse el proyecto relativo al Expediente sobre Recepción de Sentencias de Tribunales Internacionales 3/23, próximo a discusión, impactaría a casi 68 mil personas actualmente presas.