Descentralización federal: la promesa que nunca salió de Palacio Nacional

Se reubicaron en otros estados parcialmente y por falta de recursos no se concretó plan de descentralización; Sheinbaum no continuó estrategia

La descentralización de las secretarías federales, uno de los compromisos más ambiciosos del expresidente Andrés Manuel López Obrador para equilibrar el desarrollo del país, terminó convertida en una promesa incumplida que su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, decidió no retomar.

El plan original contemplaba la reubicación de 32 dependencias y entidades federales a distintas entidades del país; sin embargo, al cierre del sexenio anterior únicamente siete instituciones fueron trasladadas de manera parcial y sin cambios reales en su operación central, que permaneció en la Ciudad de México.

La falta de voluntad presupuestal fue determinante. En seis años, el gobierno federal destinó apenas 39 millones 784 mil pesos para la descentralización, una cifra mínima frente a la magnitud del proyecto. En muchos casos, las dependencias operaron en inmuebles prestados en comodato y sin traslado de personal.

El propio López Obrador reconoció el fracaso de la iniciativa el 11 de enero, a nueve meses de concluir su mandato. “Ya no se pudo”, admitió, atribuyendo el abandono del proyecto a la pandemia de Covid-19.

“Una de las cosas que tenemos pendiente es lo de la descentralización. Nos afectó bastante la pandemia y ya no se pudo”, declaró.

Ahora, la Oficina de la Presidencia de la República confirmó, vía respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, que el actual gobierno no dará continuidad a dicha política pública.

En un oficio emitido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se adjuntó la versión estenográfica de la conferencia matutina del 13 de diciembre de 2024, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara:

“La descentralización también requiere recursos, no solamente para edificios, sino para apoyar a la gente que se va a mover. Por el momento no tenemos contemplada esta descentralización”.

Cuando López Obrador presentó el proyecto, sostuvo que buscaba un “piso parejo” para las entidades federativas, ante el crecimiento desigual del país. Señaló que mientras regiones como el Bajío, la Riviera Maya y zonas fronterizas crecían hasta 8%, estados como Campeche y Tabasco registraban retrocesos económicos.

Pese a ello, nunca se asignaron recursos específicos para concretar la estrategia. Algunas dependencias, como Energía, Salud y Cultura, instalaron oficinas fuera de la capital, pero mantuvieron su sede principal en la Ciudad de México. En otros casos, como Conapesca o Bienestar, los traslados fueron más simbólicos que operativos.

Varias secretarías admitieron que el proyecto se frenó por falta de presupuesto. La SICT, por ejemplo, obtuvo un inmueble en San Luis Potosí, pero nunca pudo mudarse. Turismo, Aduanas y Nacional Financiera realizaron estudios, visitas o inauguraciones parciales sin que se concretara el cambio.

Otras dependencias, como Medio Ambiente, Economía, Educación, Agricultura, Pemex, IMSS, ISSSTE y SAT, simplemente nunca avanzaron en el proceso, quedándose en la lista de reubicaciones que jamás se ejecutaron.

Así, la descentralización terminó como uno de los grandes pendientes del sexenio pasado y un proyecto descartado por el actual gobierno, dejando en evidencia la distancia entre el discurso y la ejecución de una de las banderas políticas más repetidas de la llamada Cuarta Transformación.