Deficiente el sistema de Reinserción Social en Veracruz

La Columna
Por Fanny Yépez
15 de julio de 2025

Deficiente el sistema de Reinserción Social en Veracruz

Abusos, acoso y corrupción afecta a las 526 internas en Veracruz
Reclusas hacen un llamado a la gobernadora Rocío Nahle

Las internas recluidas en los penales de Veracruz enfrentan una serie de problemas, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos, la corrupción, el acoso, la falta de oportunidades para la reinserción social. Además, la ausencia de un centro de reclusión en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, desde 2009, todo esto agrava su situación, porque dificulta las visitas familiares y el acceso a servicios.

Falta de acceso a servicios básicos:
Esto incluye acceso limitado a atención médica, higiene personal y alimentación adecuada.

Corrupción:
Se han denunciado casos de corrupción por parte de funcionarios penitenciarios, lo que afecta la distribución de recursos y el trato a las internas.

Acoso:
Algunas internas han denunciado acoso por parte de funcionarios, lo que genera un ambiente de inseguridad y temor.

Falta de oportunidades para la reinserción social:
La falta de programas efectivos de capacitación laboral y educativa dificulta la reinserción social de las internas una vez que cumplen su condena.

Sobreocupación y falta de infraestructura:
En algunos penales, la sobrepoblación y la falta de infraestructura adecuada generan condiciones de vida precarias para las internas.

Distancia y dificultad para visitas familiares:
La falta de un centro de reclusión en la zona conurbada, dificulta las visitas de familiares y amigos, lo que afecta el apoyo emocional y social de las internas.
Estos problemas, entre otros, contribuyen a un ambiente de vulnerabilidad y sufrimiento para las internas en los penales de Veracruz.

Esta exposición viene al caso, porque en días recientes fueron trasladadas 21 mujeres internas del penal de Pacho Viejo al penal de mediana seguridad de La Toma, en Amatlán de los Reyes.

En una plática que sostuve con mi compañera periodista, Lourdes López me hizo ver la terrible situación que enfrentan las mujeres internas en los penales situados en la entidad veracruzana.

Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2024 (CNSIPEE), que elaboró el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y que publicó en el mes de julio del año pasado, revela que el estado de Veracruz contaba con 7 mil 914 personas privadas de su libertad al cierre del 2023 en 18 reclusorios estatales, 1 cárcel federal y 1 centro especializado.

De acuerdo con el CNSIPEE, de las 7 mil 914 personas privadas de su libertad, 7 mil 388 son hombres y 526 son mujeres.

Según el censo, del total de población privada de la libertad sin sentencia en el estado de Veracruz, el 53.8% se encontraba en prisión preventiva oficiosa, el 31.3% en prisión preventiva justificada y el 14.9% en otro supuesto jurídico.

De los hombres privados de la libertad sin sentencia, el 54% se encontraba en prisión preventiva oficiosa, el 31.1% en prisión preventiva justificada y el 14.9% en otro supuesto jurídico.

En días recientes sin previo aviso y sin la supervisión de representantes de la Comisión de Derechos Humanos, 21 mujeres fueron trasladadas del Cereso de Pacho Viejo al penal de La Toma, situado en el municipio de Amatlán de los Reyes. Ahí fue cuando exploto la situación de las internas, las cuales comentaron que el problema es que el subdirector de Seguridad y Custodia, Agustín Rodríguez, hacía negocio con ellas y como saben muchos detalles de sus turbios negocios y como ya no le convenían, las mandó a La Toma como castigo.

Esas mujeres ya no van a poder trabajar, porque en el penal de Pacho Viejo existen restaurantes y cafeterías, tiendas y de estos negocios también sacan provecho los titulares de los centros penitenciarios.

A unas las prostituía, a otras les cobraba porque vendieran su comida, pero les exigen mucho dinero y ya no les alcanzaba. Y no, no me lo dijo un abogado o abogada, ellas mismas me lo contaron. Le piden a la gobernadora Rocío Nahle que las ayude porque son mujeres y madres de familia que se defienden.

Si cometieron un delito, lo están pagando, otras dicen que pueden probar que fueron detenidas injustamente y siguen defendiéndose.

Aquí el problema es que en el penal de Pacho Viejo las tratan como mercancía. No existe el más elemental sentido de humanismo.

Cada una de las 21 internas encierra tristes historias de vejaciones, abusos y maltratos mismas que deben ser investigadas por las autoridades penitenciarias, la contraloría interna y la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos.

Con su reubicación al penal de Amatlán de los Reyes, las 21 reclusas perdieron la oportunidad de obtener un ingreso que enviaban a sus respetivas familias, mismo que antes en Pacho Viejo obtenían en forma honesta trabajando en diversas actividades que se desarrollan en este reclusorio ubicado en el municipio de Coatepec.

De no iniciar una investigación inmediata, serie como incurrir en complicidad con los directores de los centros penitenciarios que han abusado de las reclusas, que en muchas ocasiones siguen purgando condenas, sin que los jueces de los respectivos casos dicten sentencias. Esta terrible situación también es una grave omisión que debe ser investigada y es urgente que se actué en consecuencia en contra de los que resulten responsables.