Corrupción y negligencia en el ISSSTE de Xalapa: una red que afecta a jubilados

Denuncia ciudadana…

El valor de denunciar

Xalapa, Ver., 19 agosto 2025.- Si alguien merece un reconocimiento público, es el Dr. Samuel Ferrer Palacios, actual director de la Clínica Hospital ISSSTE en Xalapa, Veracruz.

Con firmeza, el médico se atrevió a exhibir de manera abierta las múltiples irregularidades que afectan a más de 630 mil derechohabientes y 4 mil trabajadores.

Lo más preocupante es que, mientras la corrupción y la negligencia se han vuelto rutina dentro del ISSSTE, los altos mandos siguen cómodos en sus escritorios, plenamente enterados de la situación, pero volteando la mirada hacia otro lado.

Ferrer puso sobre la mesa lo que muchos intuían, pero casi nadie se había atrevido a decir: el instituto atraviesa una crisis estructural, donde las promesas de mejora nunca se concretan y los más perjudicados son quienes más merecen respeto: los jubilados y pensionados.

La detención en Coatepec

El pasado 30 de mayo de 2025, la policía municipal de Coatepec, Veracruz, arrestó a Octavio Augusto Figueroa Jerezano y Alejandro Arnulfo Rodríguez Sánchez. Ambos fingían ser abogados para defraudar a jubilados, valiéndose de papeles falsos vinculados a pensiones del ISSSTE e, incluso, de asaltos con armas blancas, como quedó registrado en video antes de su captura.

Aunque intentaron disfrazar el caso como una persecución política, las pruebas muestran otra realidad: se trató de un fraude administrativo de proporciones escandalosas.

Un detalle no menor: el padre de Rodríguez Sánchez, Arnulfo Rodríguez González, buscaba la alcaldía de Banderillapor el PAN (tras haber militado en Movimiento Ciudadano). Pero como suele ocurrir, la corrupción no distingue colores partidistas.

El propio Alejandro Rodríguez Sánchez ya había sido despedido del ISSSTE por apropiarse de pensiones de los derechohabientes. Su lugar lo ocupó su amigo Manuel Uriel Soto Guevara, quien terminó fuera de la institución acusado del mismo ilícito. En un giro insólito, el puesto terminó en manos de su suegra, María Liliana Pajonares González, actual encargada de la ventanilla 18, señalada por acumular más de 350 expedientes atrasados, exigir documentos absurdos y mantener una gestión que ya se relaciona con el fallecimiento de adultos mayores en espera de sus trámites.

En palabras simples: la burocracia mata.

La red de nepotismo y complicidades

Detrás de estos episodios se encuentra un grupo con claros vínculos familiares y de amistad, que han hecho del fraude un hábito. Entre los nombres más señalados se encuentran:

María Liliana Pajonares González: Suegra de Soto Guevara, señalada por al menos dos muertes derivadas de negligencia.
Manuel Uriel Soto Guevara: Exsubjefe de pensiones, despedido por corrupción.
Clare Arlep López López: Esposa de Soto Guevara y secretaria de Recursos Humanos. Jubilados aseguran que exige estados de cuenta bancarios sin motivo claro; algunos creen que busca manipular beneficios.
Erick Donaldo Chávez Coria y Erik García Huerta: Parte del círculo cercano.
Octavio Augusto Figueroa Jerezano: Capturado junto a Rodríguez Sánchez.
Sarai Hernández Griffin: Apadrinada de la subdelegada Ollín Chávez Hernández.
Lili Flores López: También relacionada en la red.

Por si fuera poco, Rodríguez Sánchez es yerno de Arturo Escobar Meléndez, exsubdelegado de prestaciones y actual funcionario en la Secretaría de Educación, con denuncias acumuladas desde 2022.

Mientras tanto, la jefa de pensiones, Nancy Anayeli Jaime Córdova, y su subjefa, Vanessa del Rocío Puch Perera, permanecen en silencio, sin acciones visibles. Y la subdelegada Ollín Chávez Hernández se encuentra ausente tras un supuesto “percance menor”, dejando una oficina sin control ni supervisión, bajo la sombra protectora de Ignacio de Jesús Altamirano Cantell.

El resultado: una red institucionalizada de corrupción, nepotismo y omisión que ya había quedado exhibida en junio de 2025, con historias de negligencia mortal ligadas a la ventanilla 18.

Corrupción con respaldo oficial

El ISSSTE en Veracruz arrastra antecedentes graves. Uno de los más visibles está en la Recomendación 224/2021 de la CNDH, sobre el Hospital Regional de Orizaba.

En paralelo, jubilados han tomado las calles para exigir pagos atrasados. El anuncio de que en julio de 2025 se cubrirán retroactivos llega tarde: muchos beneficiarios ya fallecieron sin recibir un solo peso.

La reciente detención de Rodríguez Sánchez muestra apenas la punta del iceberg de una red de engaños que operaba a plena vista en Coatepec.

El reto de las autoridades

La denuncia y las detenciones deberían impulsar una investigación de fondo sobre pensiones, nepotismo y abusos dentro del ISSSTE. Casos como el de una mujer que murió sin recibir su pensión, o el de un abuelo fallecido tras la negligencia de Pajonares González, son historias que demandan justicia, no indiferencia.

El 30 de mayo fue un avance, pero está lejos de ser el final.
El Órgano Interno de Control del ISSSTE y la CNDH tienen la obligación de ir más allá de auditorías superficiales o multas simbólicas.

Que la negligencia no cueste más vidas

El instituto no puede seguir acumulando muertos por corrupción y desinterés.
El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, tiene en sus manos la tarea de abrir investigaciones, sancionar sin favoritismos y llegar hasta personajes de peso como Arturo Escobar Meléndez.

La sociedad civil también debe actuar: si eres afectado, no te calles.
Puedes llamar al Centro de Atención Telefónica de Pensiones (55 5062 0555), denunciar formalmente ante el ISSSTE y la Fiscalía General de la República (FGR).

Porque mientras esta red de complicidades permanezca impune, otros seguirán pagando con su salud, su dinero e incluso con la vida.