Desembolsó esa cantidad entre enero de 2023 y septiembre de 2025 a ocho personas; sin embargo, no se demuestra la realización de los servicios de consultoría y coordinación de proyectos supuestamente prestados.
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Alejandra Canchola / Pedro Villa y Caña
El Instituto Nacional Electoral (INE) pagó 6 millones 279 mil pesos por honorarios de ocho personas cuyos servicios no pudieron ser acreditados mediante los informes correspondientes ante el Órgano Interno de Control (OIC) en el primer año de trabajo de la presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
Los trabajadores, que pertenecían a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), recibieron el dinero por el pago de honorarios entre enero de 2023 y septiembre de 2025, sin que el INE acreditara ante la auditoría del OIC que los trabajos se realizaron realmente.
Si bien Guadalupe Taddei rindió protesta como consejera presidenta del INE en abril de 2023, a estas ocho personas siguieron pagándoles sus honorarios hasta finales de 2025, y hasta el 30 de enero de 2026 se concluyó la auditoría.
Los cuatro trabajadores que pertenecían a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) desempeñaban funciones de consultor técnico HRMS & FINANTIALS, consultor líder funcionar HRMS, consultor de desarrollo y coordinador de proyecto.
Sus salarios netos quincenales eran de entre 22 mil pesos y hasta 47 mil pesos. Por los meses que laboraron para el INE, el Órgano Interno de Control detectó un monto por aclarar de 5 millones 606 mil 725 pesos entre 2023 y 2025.
Otros cuatro trabajadores estaban adscritos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) y se desempeñaban como técnico en gestión documental, gestor de información jurídica, oficial jurídico registral, supervisor de revisión documental registral y líder de proyecto.
Juntos, esos honorarios devengados entre 2023, 2024 y 2025 arrojaron un monto por aclarar de 673 mil 231 pesos. En total, por las dos áreas el INE debía aclarar el monto a más tardar el 18 de marzo de este año.
“Se constató que los titulares de área o personal de mando de la DERFE supervisaron o vigilaron deficientemente a cuatro prestadores de servicios de honorarios permanentes, toda vez que estos no entregaron informes de actividades”, señala la auditoría.
La auditoría no concluye exactamente que los servicios no se hayan realizado en todos los casos, pero sí establece que el INE no logró acreditarlo documentalmente conforme a sus propias reglas para el pago de honorarios permanentes.
Otras inconsistencias
No sólo esas irregularidades, la auditoría DAA/03/ESP/2025 encontró problemas de perfil, expedientes, comprobación de actividades y documentación del devengo en distintas unidades del INE.
Las inconsistencias documentales por unidad llegan a 43 en la DERFE y 27 en DEA, las cuales tienen que ver con la falta de informes o evidencia documental para acreditar actividades de personal contratados por honorarios.
En tanto, 15 inconsistencias más se encontraron en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), donde se contrató a personal que ejecutaba actividades que no correspondían plenamente con el perfil del contratado.
Por ejemplo, se encontró a una persona que firmó un contrato por honorarios bajo el perfil de “analista de viáticos y pasajes”, pero el informe de actividades mensual marcaba que la misma persona ejecutó trabajos de cerrajería y revisión física de mobiliario.
Las 27 irregularidades encontradas en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) están relacionadas con funciones que no quedaron suficientemente acreditadas; mientras que las 26 halladas en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) también consisten en diferencias entre funciones del perfil y actividades reportadas.
La auditoría muestra, además, a nueve personas adscritas a la Unidad Técnica de Fiscalización cuyos servicios por honorario tampoco pudieron comprobarse. Aunque la UTF presentó los informes del trabajo que realizaron esos prestadores de servicios, la auditoría concluyó que tener informes no necesariamente significa acreditar el cumplimiento de todas las funciones.
“Los prestadores de servicios eventuales acreditaron parcialmente el cumplimiento de las funciones específicas en la ‘Cédula de Descripción de Actividades y Perfil de Puesto’ para los prestadores de servicios por honorarios”.
“Si bien estos prestadores remitieron informes de actividades con una periodicidad quincenal o mensual, se observa que dichos informes no evidencian el desarrollo de diversas funciones previstas en la cédula del puesto durante el periodo evaluado”, concluye la auditoría.
Reclaman despidos y falta de colegialidad en el INE
En la sesión de arranque del Proceso Electoral 2026-2027, el consejero Arturo Castillo reclamó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que desde el año pasado se han nombrado 12 nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin el consenso del Consejo General
“En lo que va de este año se han nombrado, sin el consentimiento de este Consejo General, 12 nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, algunos sin cumplir siquiera con los requisitos legales para su nombramiento, y se han despedido al menos a 836 personas”, advierte.
“Y pese a las solicitudes de las consejerías, aún no contamos con información sobre los perfiles y el nivel de ocupación de estos espacios. Las áreas del instituto han bloqueado activamente el acceso a la información a las consejerías. Estas omisiones y negativas limitan seriamente la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad institucional para corregir los procesos”, acusó Castillo.
El 16 de agosto pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que en lo que va de 2026 ha dado de baja a 836 trabajadores eventuales, entre ellos, verificadores, técnicos, analistas y asesores.
En una ficha informativa emitida, el INE confirmó que los contratos concluidos han sido sólo a trabajadores temporales: por honorarios y por proyecto, por lo que no equivale a la eliminación de plazas estructurales que pongan en peligro los trabajos del instituto.
