¿Asesores con sueldo o asesores que ya no existen?
El Ayuntamiento de Xalapa sale al paso de una versión periodística y asegura que dos personas señaladas como presuntos asesores de la Presidencia Municipal fueron dadas de baja desde enero.
Por Luis Sigüenza
En política, una cosa es lo que se publica y otra, muy distinta, lo que pueden demostrar los documentos.
Y en este caso, el Ayuntamiento de Xalapa decidió salir a poner los puntos sobre las íes.
Luego de que un medio de comunicación señalara que Álvaro de Jesús Ávalos Caiceros y Pamela Sánchez Aburto continuarían desempeñándose como presuntos asesores de la Presidencia Municipal, incluso con salarios elevados, la administración municipal respondió con una aclaración que cambia sustancialmente el escenario.
La Dirección de Recursos Humanos, encabezada por Dea Hernández Castillo, sostiene que ambos dejaron de formar parte de la plantilla laboral del Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2026.
Es decir: de acuerdo con la documentación oficial citada por el gobierno municipal, hoy no son trabajadores del Ayuntamiento de Xalapa.
Y aquí está el punto interesante.
La discusión no debería quedarse únicamente en si una publicación fue correcta o incorrecta. La verdadera pregunta es qué dicen los documentos.
Porque cuando se habla de nóminas, cargos públicos y salarios, la información debe resistir algo más que el ruido político o mediático: debe resistir la revisión documental.
El Ayuntamiento asegura que la versión difundida sobre la permanencia de ambos como asesores no corresponde con su situación laboral actual.
Así que, por ahora, la posición oficial es clara: Ávalos Caiceros y Sánchez Aburto fueron dados de baja hace más de siete meses y no mantienen una relación laboral vigente con la administración municipal.
¿Significa esto que nunca ocuparon esos espacios?
No.
¿Significa que no pudieron haber cobrado anteriormente?
Tampoco.
Significa, estrictamente hablando, que el Ayuntamiento sostiene que desde el 15 de enero de 2026 ya no forman parte de su estructura laboral.
Y ahí está precisamente la diferencia entre una denuncia y una prueba.
En asuntos de dinero público, las fechas, las nóminas, las altas y las bajas hablan más fuerte que cualquier titular.
Ahora habrá que ver si quienes hicieron el señalamiento original cuentan con documentación que contradiga la versión oficial.
Porque en política, como en periodismo, la mejor respuesta no siempre es la más fuerte: es la que viene acompañada de documentos.
