Reforma electoral: entre la prisa, las filtraciones y el riesgo de un cambio sin consenso

La llamada reforma electoral avanza entre la improvisación, las filtraciones internas y una carrera contrarreloj que pone en duda la profundidad del análisis. En la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se acumulan cerca de 400 propuestas, pero a menos de un mes de que venza el plazo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no existe aún un proyecto concreto ni un borrador formal.

La promesa es presentar en enero una iniciativa unificada. La realidad es que la comisión deberá compactar al menos 355 propuestas ya entregadas por escrito, además de las que siguen llegando, en un proceso que incluso su propio presidente, Pablo Gómez, reconoció como inexistente hasta octubre pasado.

“Hasta ahora no tenemos proyecto, ni siquiera uno en ciernes”, admitió el 20 de octubre, cuando las audiencias apenas comenzaban.

Pese a ello, ya se barajan cambios de alto impacto: voto obligatorio, participación de dinero privado en campañas, aplazamiento de la elección judicial, eliminación de plurinominales, voto electrónico y una reingeniería de los organismos electorales locales. Propuestas que, de aprobarse sin consenso amplio, podrían alterar de manera profunda el equilibrio del sistema electoral mexicano.

El episodio más revelador ocurrió con la filtración de un primer borrador desde la Secretaría Ejecutiva del INE, documento que fue rechazado por la mayoría de los consejeros y posteriormente desconocido por la presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei. El propio instituto se deslindó del texto, calificándolo como un insumo interno sin carácter oficial.

Aun así, el contenido del documento encendió alertas: la posibilidad de permitir a empresarios financiar campañas políticas, bajo el argumento de reducir el gasto público, revive un debate históricamente sensible en un país marcado por la inequidad en el acceso al poder y la captura de intereses.

Mientras tanto, fiscales y magistrados electorales han puesto el acento en un problema que ninguna reforma puede ignorar: la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Tribunales y fiscalías exigen fortalecer el catálogo de delitos electorales y los mecanismos de persecución, un tema que aparece en los discursos, pero que aún no se traduce en medidas concretas.

La propuesta de posponer la elección judicial hacia octubre, planteada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evidencia además la falta de planeación institucional. El propio presidente del TEPJF reconoció que celebrar múltiples elecciones simultáneas compromete la capacidad operativa del sistema.

En paralelo, el Congreso ya anticipa prisas legislativas. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que, si la iniciativa llega antes de enero, se buscará convocar a un periodo extraordinario ese mismo mes, lo que abre la puerta a una discusión acelerada de una reforma estructural.

Así, la reforma electoral se perfila no como un ejercicio de consenso democrático, sino como un proceso marcado por tiempos políticos, propuestas polémicas y una urgencia que contrasta con la magnitud de los cambios planteados. A semanas de su presentación, el mayor riesgo no es qué se reforme, sino cómo y con qué nivel de debate público se haga.