ANTE PROPUESTAS DE APOYO A LA GENTE, EL GOBIERNO DE VERACRUZ RESPONDE CON CAMPAÑA DE TERROR

Samuel Aguirre Ochoa

Como consecuencia de un pliego de propuestas que hizo el Movimiento Antorchista al gobierno del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, para paliar la crisis económica provocada por el COVID-19 en los sectores pobres, en vista de que no tienen trabajo y la comida empieza a faltar en sus casas, se desató una feroz campaña de llamadas telefónicas, primero a los líderes municipales y regionales del antorchismo y después a los jovencitos de los grupos culturales y deportivos que ha formado nuestra organización, así como a los miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), de un supuesto grupo de la delincuencia organizada.

Las propuestas, evidentemente, no fueron del agrado del gobierno que encabeza Cuitláhuac García, pues en una rueda de prensa que ofreció el pasado lunes 30 de marzo, ante la pregunta de una reportera de un medio de Xalapa sobre qué opinaba de las 10 medidas de Antorcha para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, Cuitláhuac García respondió de manera despectiva e insultante que por ninguna razón haría acuerdos con organizaciones, que “no es momento de estar buscando oportunismos políticos”, que “hay quien quiere sacar raja política de esta situación” y en tono amenazante afirmó que “la sociedad se lo va a demandar porque ésta ya no es la misma de antes” (sic). Es decir, se trata de una amenaza velada escudándose en la “sociedad”; en realidad se trata de sus propias intenciones vengativas en contra de quien se atreva a proponer algo distinto a lo que él cree. Al igual que el presidente López Obrador, es un individuo cerrado e intolerante, incapaz de aceptar las propuestas y sugerencias de otra persona, porque de inmediato contesta con una amenaza. También dijo que no habría condonaciones de servicios básicos de luz, agua ni ningún apoyo para los sectores más pobres de Veracruz.

Continuando con lo dicho arriba sobre las amenazas, le llamaron a 175 compañeros, diciéndoles más o menos lo siguiente: que les marcaban debido a que de sus números habían hecho llamadas telefónicas al 911 para denunciar que habían visto pasar camionetas con gente armada, lo que provocó movilización del gobierno, que dichas camionetas pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada, grupo al cual pertenecía el que estaba llamando y que para aclarar tales llamadas deberían ubicarse en algún punto en donde llegaría una licenciada que trabaja con el gobierno, que les revisaría el teléfono y verificarían las llamadas para ver si tal persona estaba o no involucrada en las denuncias, y que si no acudían mandarían a gente armada a buscarlos a sus casas.

La inmensa mayoría de los jóvenes a los que llamaron, no contestaron o cortaron la llamada, pero a los que sí lograron atemorizar y llegaron a donde los supuestos secuestradores les pidieron; mientras hablaban, les mandaron un código de 6 dígitos a su celular, en donde aparecían dos opciones: aceptar o rechazar, para de esa manera ingresar a su teléfono y obtener su información. Ya teniendo el control del móvil del secuestrado le llamaban a la familia, por lo que los familiares caían en la trampa, pues les hablaban del número de su hijo y le pedían 200 mil pesos a cambio de no asesinarlos. Al secuestrado le decían que se metiera a YouTube en alguna computadora de un ciber-café cercano, que mantuviera su celular conectado a la computadora para que no se descargara y que no se metiera a ninguna otra red social; de esta manera lograban mantenerlos aterrorizados por más de dos horas. Cabe aclarar que, en todos los casos, los jóvenes después de este tiempo fueron rescatados por sus familiares o compañeros.

En ninguno de los casos se concretó el pago del rescate, lo que confirma que no se trataba realmente de una extorsión sino de una intimidación, pues a algunos jóvenes llegaron a decirles que les estaban haciendo eso por pertenecer a Antorcha.

Esta campaña tiene como propósito intimidar a los dirigentes de Antorcha y algo verdaderamente inmoral: aterrorizar a los jovencitos que practican deporte de manera organizada, a los que desarrollan la cultura en sus distintas modalidades y a los estudiantes que se organizan para conquistar mejores condiciones de estudio en sus escuelas.

De todo esto tuvo conocimiento el subsecretario de Gobierno, Lic. Carlos Juárez Gil, a quien se le informó en tiempo y se le pidió su intervención; le proporcionamos los números de teléfono de los extorsionadores para que a través de la geolocalización los encontraran, ante lo cual se limitó a responder que a la gente del gobierno los secuestradores les estaban haciendo lo mismo, que se interpusiera una denuncia penal; que respecto al número telefónico del que están hablando, en efecto, se trataba de una extorsión y que el teléfono del que estaban llamando se encontraba en un penal de Tamaulipas. Ante nuestra insistencia de que se nos hacía extraño el gran número de compañeros al que les estaban hablando en un periodo de tiempo tan corto y nuestro señalamiento de que se trataba de una cuestión política y que nos defenderíamos a través de la denuncia pública, el subsecretario se limitó a lanzar una amenaza velada, diciendo casi casi, que le pusiéramos como quisiéramos. Y a partir de ese momento nos bloqueó de su teléfono.

Ante este impúdico hecho de los gorilas que rodean al Ing. Cuitláhuac García, los dirigentes de Antorcha no nos doblegaremos, seguiremos exigiéndole al Gobierno de Veracruz y al federal invierta el dinero de los impuestos de los veracruzanos y de los mexicanos en general en beneficios tangibles para la gente humilde, porque conforme pasen los días empezarán a tener mayores problemas para pagar sus servicios, su alimentación, sus medicamentos, sus rentas y empréstitos, entre otras cosas.