La memoria pública a veces es corta. Pero en política, hay quienes se encargan de recordar.
Y cuando se habla del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, hay un episodio que vuelve inevitablemente a la conversación: el 31 de octubre de 2019.
Aquel día, el Congreso del Estado rechazó la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018, después de que la Comisión de Vigilancia, entonces presidida por Eric Domínguez Vázquez, planteara no aprobarla.
Domínguez llevaba menos de un año como diputado local, pero ya había asumido una de las responsabilidades más delicadas del Congreso: revisar el trabajo del órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Y aquella decisión no fue menor.
Por primera vez, el Congreso veracruzano rechazaba una Cuenta Pública bajo ese procedimiento, abriendo la puerta a un replanteamiento de los resultados de la fiscalización.
La discusión política de entonces tuvo un ingrediente adicional: ¿había sido correcta la decisión de la Comisión de Vigilancia?
El tiempo y el replanteamiento de la Cuenta Pública terminarían alimentando la versión de quienes defendieron que Domínguez había advertido correctamente sobre las inconsistencias detectadas.
Hoy, siete años después, el nombre del papantleco vuelve a aparecer precisamente en las puertas del ORFIS.
Y esta vez no como legislador, sino como uno de los perfiles que se mencionan para encabezar el órgano fiscalizador.
Ahí comienza una nueva discusión.
¿Experiencia o conflicto?
Quienes impulsan su perfil destacan su trayectoria académica, administrativa y política, además de su paso por la Comisión de Vigilancia del Congreso.
También aparece sobre la mesa su experiencia como presidente municipal de Papantla.
Sus detractores, en cambio, han cuestionado precisamente ese antecedente y hablan de un posible conflicto de interés.
Sin embargo, el argumento merece una revisión puntual.
La fiscalización que actualmente realiza el ORFIS corresponde a ejercicios fiscales determinados, y el señalamiento sobre un eventual conflicto debe analizarse a partir de qué ejercicio se está fiscalizando, qué periodo ocupó Domínguez la alcaldía y cuál es el alcance jurídico de esa relación.
Es decir, no basta con decir “fue alcalde”.
Hay que revisar qué dice la ley.
Porque una cosa es el ruido político alrededor de una designación y otra muy distinta es que exista realmente un impedimento legal.
Y aquí está lo interesante
La eventual llegada de Eric Domínguez al ORFIS no solamente genera debate por su currículum.
Genera inquietud porque estamos hablando del órgano que revisa cómo se gastan los recursos públicos en Veracruz.
Por eso tampoco resulta extraño que alrededor de la sucesión comiencen a aparecer críticas, cuestionamientos y señalamientos contra los distintos aspirantes.
Lo que sí debería preocuparnos es que el debate termine convertido únicamente en una guerra de descalificaciones.
Si Domínguez cumple o no con los requisitos, que lo determine la documentación.
Si existe o no un impedimento legal, que lo establezcan las normas.
Y si tiene las capacidades técnicas para encabezar el ORFIS, que sean su trayectoria y su desempeño los que hablen.
Porque el verdadero asunto no es quién llega al ORFIS.
El verdadero asunto es qué tan dispuesto estará el próximo auditor a revisar las cuentas públicas sin mirar colores partidistas.
¿Por qué preocupa tanto su posible llegada?
Esa es quizá la pregunta política que queda sobre la mesa.
Sus críticos hablan de riesgos, mientras sus simpatizantes destacan su experiencia y lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación.
Incluso se recuerda su distanciamiento del entonces secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, cuando éste todavía concentraba un importante poder político dentro de Veracruz.
En otras palabras, Domínguez ha demostrado que también puede tomar decisiones incómodas dentro de su propio espacio político.
Y eso resulta relevante si lo que se busca es un fiscalizador con carácter.
Porque fiscalizar no significa únicamente revisar números.
Significa encontrar inconsistencias.
Preguntar.
Observar.
Señalar.
Y, cuando sea necesario, decir que una cuenta pública no está bien.
Eso fue precisamente lo que Eric Domínguez hizo en 2019 desde la Comisión de Vigilancia.
Ahora la pregunta es distinta:
¿Podría hacer lo mismo desde la silla del auditor general?
El Congreso tendrá la última palabra.
Pero si finalmente llega al ORFIS, habrá que juzgarlo por algo mucho más importante que las campañas a favor o en contra de su nombramiento:
por las cuentas que revise, por las observaciones que haga y, sobre todo, por a quién esté dispuesto a señalar cuando los números no cuadren.
Porque al final, en el ORFIS, la lealtad política puede ser un argumento.
La fiscalización, en cambio, debería ser una obligación.
