Adultos mayores denuncian presunto despojo inmobiliario y corrupción notarial en Coatepec

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Piden intervención de Rocío Nahle.

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Xalapa, Ver; 18 de mayo de 2026.- Una familia de adultos mayores originaria de Coatepec denunció públicamente un presunto caso de despojo inmobiliario, fraude patrimonial, irregularidades notariales y amenazas, señalando la presunta participación de abogados, notarios y funcionarios judiciales en una red de corrupción.

En conferencia de prensa en Xalapa, Obdulia Siliceo Viveros y su esposo José Luis Monge Aldama solicitaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para esclarecer la propiedad legal de diversos inmuebles familiares, entre ellos el Complejo Deportivo San Jerónimo, ubicado en Coatepec.

Los denunciantes aseguraron contar con escrituras, documentos oficiales y certificados de libertad de gravamen que acreditan la propiedad de los inmuebles; sin embargo, señalaron que otra persona habría presentado documentación similar para reclamar los bienes.

Además, acusaron que el complejo deportivo permanece clausurado desde hace aproximadamente un año y medio tras una intervención durante la administración del exalcalde Raymundo Andrade Rivera, bajo argumentos que calificaron como injustificados.

Durante la denuncia pública, la familia también acusó presuntas irregularidades por parte del notario Joel López García, de Xico, y del notario Manuel Díaz Rivera, de Emiliano Zapata, así como de abogados particulares que habrían aprovechado el estado de salud del adulto mayor para realizar trámites presuntamente irregulares.

Según los afectados, uno de los hechos más graves ocurrió cuando al jefe de familia supuestamente le hicieron firmar documentos bajo engaños, haciéndole creer que se trataba de un poder notarial cuando, afirman, en realidad correspondía a un testamento.

La familia también denunció amenazas derivadas del conflicto patrimonial y aseguró que ya existen carpetas de investigación abiertas por estos hechos.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades estatales y judiciales para intervenir en el caso y brindar certeza jurídica sobre las propiedades en disputa.

“Somos adultos mayores y solo queremos justicia”, expresaron.

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