El Movimiento Antorchista pide la intervención del Gobierno de Veracruz para abrir una mesa de diálogo y buscar una solución al conflicto por un predio de aproximadamente seis hectáreas.
Xalapa, Ver., 16 de octubre de 2026.— Alrededor de 191 familias de la colonia Margarita Morán Veliz, segunda sección, enfrentan incertidumbre ante la posibilidad de ser desalojadas de los terrenos donde habitan desde hace casi 13 años, informó Juventino Navarrete Chilita, dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz.
De acuerdo con el representante de la organización, los habitantes tuvieron conocimiento de una presunta orden judicial para recuperar el predio, cuya propiedad sería reclamada por un particular. Ante esta situación, integrantes de la organización y habitantes de otros asentamientos acudieron a la colonia para manifestar su respaldo a las familias.
Navarrete Chilita solicitó la intervención del Gobierno de Veracruz para facilitar el diálogo entre los involucrados y encontrar una alternativa que permita resolver la controversia sin enfrentamientos.
“Nos enteramos hace algunas horas que había una orden de desalojo en contra de nuestros compañeros de esta colonia”, declaró.
Ocupación del terreno habría sido acordada con Patrimonio del Estado
El dirigente antorchista sostuvo que las familias comenzaron a establecerse en el lugar hace casi 13 años, luego de un entendimiento con funcionarios de la Dirección de Patrimonio del Estado durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Según su versión, posteriormente se iniciaron gestiones para regularizar la situación de los habitantes, pero el procedimiento no llegó a concluirse.
“Se avanzó con el proceso; sin embargo, no se pudo concluir”, reconoció.
Hasta el momento, durante la entrevista no se presentaron documentos que permitan determinar el alcance jurídico del acuerdo referido ni establecer si existió una autorización formal para la ocupación del inmueble.
Señalan a particular como reclamante del predio
Al ser cuestionado sobre quién reclama el terreno, Navarrete Chilita mencionó a una persona identificada como Humberto Camacho, aunque reconoció que no cuenta con información plenamente confirmada sobre el caso.
El predio en disputa abarcaría aproximadamente seis hectáreas, donde se encuentran asentadas las familias de la segunda sección de la colonia.
La identidad del reclamante, sus derechos sobre el inmueble y el alcance del procedimiento deberán corroborarse mediante los documentos de propiedad y las actuaciones judiciales correspondientes.
Antorchistas buscan evitar confrontaciones
El dirigente explicó que la movilización se realizó después de que la organización recibió información sobre la posible presencia de elementos policiales para ejecutar el desalojo.
Aseguró que la intención de los habitantes es proteger sus viviendas y evitar que las familias sean retiradas sin que antes se exploren alternativas de solución.
“Nosotros en realidad no queremos ningún tipo de confrontación”, expresó.
También señaló que la organización ha planteado el problema ante funcionarios de la Secretaría y la Subsecretaría de Gobierno, por lo que insistió en la necesidad de establecer una mesa de negociación.
Piden mesa de diálogo con autoridades y reclamante
Navarrete Chilita afirmó que los habitantes están dispuestos a dialogar tanto con las autoridades estatales como con la persona que presuntamente reclama el terreno.
La organización busca que se revisen los antecedentes de la ocupación, la situación jurídica del predio y las posibles alternativas para resolver la controversia. Sobre una eventual reubicación, el dirigente no confirmó la existencia de una propuesta formal y reiteró que la prioridad es alcanzar un acuerdo.
Hasta el cierre de esta información, no se había confirmado de manera independiente la existencia, fecha de ejecución o alcance de la presunta orden judicial de desalojo. Tampoco se contaba con una postura del particular señalado ni con una respuesta oficial de las autoridades estatales.
Mientras se esclarece la situación legal del inmueble, las 191 familias permanecen a la espera de una solución que permita atender el conflicto y determinar la situación jurídica de los terrenos que habitan.
