Se requiere de un Poder Judicial sin intromisiones

Miguel Ángel Gómez Ruiz

El Fondo para la Impartición de Justicia, por el que tanto trabajó la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, debe ser auditado, pues se sospecha que la expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), Sofía Martínez Huerta, habría dispuesto de alrededor de 60 millones.

A la fecha, no se sabe cuánto dinero queda del citado fondo, algunos creen que los recursos reservados allí habrían oscilado los 500 millones de pesos, pero se sospecha que queda muy poco.

Por eso, luego que dejó el cargo Sofía Martínez –que despareció del escenario público- se pidió una auditoría, aunque a decir de trabajadores de allí, el desorden continúa.

En una plática que sostuve hace tiempo con la magistrada Castañeda Palmeros, me dijo que ella trabajó al lado de otros magistrados para reunirse con poderosos funcionarios como Arturo Núñez y Emilio Chuayfett: “Recuerdo que me comisionó para ello el magistrado Julio Patiño y sostuvimos varias reuniones para que se implementara ese fondo”.

Fueron varios viajes, desvelos, trabajo intenso hasta que se instauró ese fondo. Ahora está en riesgo, por eso debe haber una auditoría profunda pues no se puede echar a la basura algo por lo que se luchó tanto tiempo.

Intromisión

Es inaudito y hasta descarado que los diputados locales y en especial el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín, siga entrometiéndose en las actividades del Poder Judicial. En redes sociales un sujeto de nombre Luis Rubén Barragán Ríos presumió su nombramiento como Secretario adjunto del Poder Judicial.

No se sabe si el nombramiento fue realizado en el Congreso local, pues se tomó fotos con el diputado o bien si esto ocurrió por instrucciones de Humberto Hernández Reducindo, el representante del Poder Legislativo ante el Poder Judicial y que es un alfil colocado tanto por Gómez Cazarín como por Sergio Hernández, que fue jefe del integrante del Consejo de la Judicatura.

En redes sociales el tipo se auto elogia y asegura que ha sido un luchador toda su vida, sin embargo, en distintas publicaciones se deshace en halagos para Juan Javier Gómez Cazarín, al grado que se aventó la puntada de decir que Hueyapan de Ocampo es una “metrópoli”, así las cosas.

Si el nombramiento lo hizo Juan Javier Gómez Cazarín es una intromisión brutal y significa que los diputados de Morena han visto al Poder Judicial como una agencia de colocaciones, pasando por encima de magistrados con carrera, así como de los jueces, abogados y los justiciables.

Debe haber alguna forma de evitar que esto siga ocurriendo. De por sí la situación de TSJEV es grave. Se cree que hay daño patrimonial y una ausencia de justicia brutal y todo porque la mayor parte de los 19 magistrados que impusieron el gobernador Cuitláhuac García y el propio Juan Javier Gómez Cazarín no tienen una carrera judicial y el Poder Judicial no es lugar para improvisados.

Si la señora presidente Isabel Inés Romero Cruz quiere hacer algo a favor de la justicia debe poner un freno y dejarse ayudar por los magistrados con experiencia. Juan Javier Gómez Cazarín es un ignorante de la ley y ha hecho lo que ha querido al interior del Congreso local, sobre todo cuando desacató, al igual que Sofía Martínez, los amparos que promovieron y ganaron los magistrados Roberto Dorantes, Marco Antonio Lezama Moo y Gladis Maldonado.

El tiempo se le viene encima y si un juez quiere imponer orden y respeto debe destituir del cargo a los diputados locales que desacataron y violaron la Ley de Amparo.

Es muy importante que los magistrados actúen responsablemente y no se dejen coaccionar ni por el gobierno del estado ni por los diputados locales. Lamentablemente los veracruzanos estamos sufriendo con este gobierno morenista y hemos visto los atropellos que han cometido en dos años y fracción. Es importante que haya orden y sobre todo, ya se trabaje en mejorar la justicia.

Del mismo modo, hay que luchar para que no se nombre como jueces a personas que nada saben de leyes. El Poder Judicial no es un lugar para improvisados ni recomendados.

Finalmente, si hubo daño patrimonial en la gestión de Sofía Martínez Huerta quizá estaría en riesgo el pago de los compromisos de fin de año, como el pago de aguinaldos y esto afectaría a una gran parte de trabajadores. Esperemos que haya una auditoría completa y profesional.

PD. En las instalaciones del Poder Judicial ya no hay aire acondicionado. No se sabe si hay labores de mantenimiento, pero hoy hubo quejas de que hacía un poco de calor. Si por alguna razón usted va a acudir a alguno de los edificios en Xalapa lleve su abanico.