24 noviembre, 2024

Se pronuncia Manuel Huerta contra la privatización del agua en Medellín

Es un derecho constitucional del pueblo que no se permitirá concesionarlo, opinó como ciudadano.

Tras pronunciarse en contra de la privatización del servicio de agua potable por considerarlo una violación a los derechos humanos y constitucionales, Manuel Huerta afirmó que no se permitirá que el Ayuntamiento de Medellín otorgue en concesión este servicio a particulares.

Manuel Huerta, en su carácter de luchador social y como parte de la organización “Agua para todos y todas” afirmó que en el Congreso Local y Federal existen diputados que defienden al pueblo y no permitirán que se autorice esta intentona del cabildo de Medellín.

Se estima que un aproximado de 65 mil habitantes de las colonias y fraccionamientos de Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno se verían afectados por esta medida del ayuntamiento de Medellín por lo que Manuel Huerta recordó que desde el Congreso Federal en la 62 Legislatura él se opuso rotundamente al proceso de privatización que se denominó “Ley Korem” la cual fue rechazada pese al esfuerzo de los legisladores de partidos aliados al gobierno en turno.

“Hay que estar muy firmes en nuestras convicciones y yo tengo permiso de mi partido para no hacer vida política pero como ciudadano y como luchador social que he sido toda la vida y siguiendo la filosofía de nuestro partido para defender los derechos humanos, nuestro movimiento y espíritu es la defensa del pueblo”, subrayó.

Insistió en que no se va a permitir que se privatice el servicio de agua potable y se le dará puntual seguimiento al debate, “hay que estar atentos a que el agua, más ahora que está tan escasa, no debe tener estos procesos de privatizarla, por el contrario se debe garantizar que llegue al pueblo con calidad, suficiencia y con tarifas justas para todos”, apuntó.

Finalmente reiteró que se dará todo el respaldo para que se respete el derecho constitucional del pueblo y se impida que por intereses personales o económicos se atente contra las garantías de la población.

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