Rinden protesta 20 magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Fue avalado el dictamen de la Primera Comisión
Ciudad de México., 29 de enero 2024.- Con 19 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratificó las designaciones hechas por el Ejecutivo Federal para ocupar 20 vacantes de magistraturas en salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La presidenta de la Comisión Permanente, diputada Marcela Guerra Castillo, tomó la protesta a Maricela Lecuona González, María de los Ángeles Jasso Cisneros, Miguel Carrasco Hernández, Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, Rosendo Gómez Silván, Aarón Marino Álvarez Montiel, Claudia Angélica Nogales Gaona y Diana Tecontero Juárez.
Además, a Edgar Armando Aguirre González, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, Ely Cruz Pérez, Magali Irais Mendoza Ríos, Surit Berenice Romero Domínguez, Francisco Medina Padilla, Ricardo León Caraveo, Consuelo Rodríguez Aceves, Carlos Bojórquez Hernández, Pedro Rodríguez Chandoquí, Fátima González Tello y Luis Alfredo Mora Villagómez.
La diputada Guerra Castillo pidió comunicar al Ejecutivo Federal y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, “tomando en consideración que la medida cautelar sólo surte efectos, únicamente respecto de la magistratura que defiende el quejoso y relativa a la Sala Regional de Puebla; por lo tanto, no paraliza el procedimiento del resto de las vacantes de magistrados de las salas regionales, y que fueron ratificados por esta soberanía”.
El dictamen de la Primera Comisión de Trabajo: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, precisa que las designaciones hechas acreditan la idoneidad para ocupar las magistraturas vacantes por el vasto conocimiento y experiencia jurídica, así como las exposiciones referidas.
Hace mención que la conformación de los tribunales se da en aras de garantizar el cumplimiento del artículo 17 de la Constitución Política, a efecto de que a toda persona se le administre justicia pronta, completa e imparcial; por ello, los tribunales deben estar expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; es decir, deben estar conformados y funcionando conforme a la legislación que determine su funcionamiento.
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