Resemblando al prianismo, Cuitláhuac niega vivienda a los veracruzanos.

Minerva Salcedo Baca

De acuerdo con el Informe de Evaluación 2018 realizado por el Coneval, la administración morenista veracruzana comenzó su mandato con deficiencias graves en los servicios de vivienda: 935 mil habitantes vivían en hacinamiento y 570 mil en viviendas con pisos de tierra. Para ese mismo año, el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda fue de 22.3 puntos porcentuales, mayor que el porcentaje nacional de 19.8. También 2.5 millones de personas usaban leña o carbón para cocinar, 1.3 millones no contaban con agua en sus viviendas y 822 mil carecían de drenaje. Este fue el punto de arranque del gobierno de Cuitláhuac García; se entiende que este panorama debía ser conocido por el entrante gobernador para poder cambiar el estado de cosas.

Como es costumbre en el proceder de Antorcha, desde febrero del 2019, el Comité Estatal del Movimiento Antorchista le entregó al gobernador una relación de obras de infraestructura, servicios y regularizaciones pendientes para asentamientos humanos en 105 municipios del estado. Se solicitó también el apoyo con la escrituración para la vivienda en varias colonias de veracruzanos humildes y, después de 19 meses de administración morenista, no hay avance alguno, ni siquiera por el hecho de que esta acción le generaría recursos al estado por el pago de los terrenos por parte de los colonos.

Con este gobierno han sido varias las visitas por parte de los interesados a las dependencias responsables de la vivienda en el estado: La Dirección General de Patrimonio del Estado, el Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) y la Delegación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus). Los funcionarios de éstas alardean el apego a la Ley 59 y la 241 del estado y a la Ley de Vivienda y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Además, violando el derecho de organización de los mexicanos y recurriendo a las artimañas más míseras, la actitud de los funcionarios de Patrimonio del Estado y de Invivienda, ha sido ceder a la regularización siempre y cuando los colonos desistan de su filiación política con Antorcha. Por si fuera poco, las Delegaciones de Patrimonio han generado conflictos entre los colonos con el propósito de sembrar divisiones y resquebrajar el trabajo colectivo y la fraternidad en que procedemos los antorchistas.

Tan solo en Xalapa, capital del estado, hay asentamientos donde las pasadas administraciones de la Dirección General de Patrimonio del Estado compraron y entregaron los terrenos para cientos de familias. Hace varios años se consiguieron servicios básicos para algunos de ellos. Sin embargo, Morena ha negado los servicios para los asentamientos que aún carecen de ellos bajo pretexto de que las colonias “no están regularizadas” (algo que ninguna administración anterior había hecho) pero tampoco quieren regularizarlos. En la misma situación se encuentran más colonias formadas en otros 26 municipios del estado, donde muchas familias estaban ya pagando sus lotes a cuentas bancarias a nombre del gobierno estatal. Con esta administración no avanzan los trámites, lo que pone a los colonos en riesgo de perder los pagos anteriores que hicieron con mucho esfuerzo.

El gobierno estatal tiene todavía adeudos con algunos propietarios que vendieron sus parcelas para resolver el derecho de vivienda de las familias solicitantes. En las Reservas Territoriales de Matacocuite y Vergara Tarimoya 4, del Puerto de Veracruz, constituidas hace 18 años y donde se asientan más de 8,600 familias, Invivienda no ha escriturado nada, a pesar de que hace 4 años el Congreso local autorizó la enajenación de los terrenos. En Vergara Tarimoya han entregado apenas 100 escrituras, pretextando correcciones de planos y falta de firmas de convenios con el municipio. En medio de una tortuosa burocracia, la Institución pide cada vez a las familias actualizar la documentación. Invivienda en Xalapa no ha atendido el asentamiento El Roble que tiene 11 años, los colonos continúan sin poder introducir los servicios básicos. Caso extremo es el de 355 familias del municipio de Ixhuacán de los Reyes, que en 2008 sufrieron un derrumbe de cerros, perdieron sus casas y fueron reubicados en la comunidad de Barranca Nueva; es hora que Invivienda no ha entregado escrituras a los damnificados.

La Delegación del INSUS es la encargada de la regularización de la cuarta etapa del ex ejido Banderilla en la capital, pero el gobierno morenista de Xalapa tardó dos años para firmar un convenio de colaboración para iniciar la regularización de 28 colonias habitadas por 6,000 familias, algunas están desde hace 35 años. Destacan en el sur del estado, colonias de los municipios de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, asentadas desde hace 20 años (El Rodeo, Santa Teresita, Monte Albán, San Regino, 20 de Noviembre y Nuevo Progreso) donde habitan más de 2,500 familias. El Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) debe hacer la desincorporación respectiva para que INSUS avance en la regularización.

Este gobierno de Veracruz poco se diferencia de los anteriores. Desde que comenzó el mandato Cuitláhuac García, ha sido de los gobernadores peor evaluados y su administración resultó incluso más corrupta que las anteriores (Inegi). En este año sigue desplomándose su aprobación; según la casa encuestadora Arias Consultores, solo el 14.3% de la población aprueba su gestión. Los veracruzanos estamos más conscientes y no podemos conformarnos con la caridad social que reciben algunos a través de los programas de transferencia monetaria, que persiguen mantener al pueblo pasivo, tranquilo, “feliz” y sobre todo, agradecidos de por vida con Morena, aunque no cuenten siquiera con los servicios básicos de vivienda, drenaje, agua potable, educación de calidad ni medio ambiente sano.

Debemos exigirle al gobierno de Cuitláhuac García políticas públicas a favor de todos los veracruzanos, ya cobraron y vivieron muchos meses de nuestros impuestos. No podemos permitir que sigan abusando del pueblo, pues por ningún lado se ven resultados; ni en lo económico y sanitario para paliar la pandemia, ni en seguridad, ni en obras de infraestructura, ni en educación, deporte y cultura. Con la escrituración de los terrenos lograremos certeza jurídica en la vivienda de miles de familias. Ante la actitud intolerante del gobierno morenista, que resplandezca y avive la mayor unidad, educación política y fuerza del pueblo organizado.