Propone Diputado modificar penalidades por delito de ultrajes a la autoridad.

Esta propuesta de reforma, recoge el sentimiento de muchos ciudadanos que han padecido y siguen padeciendo las injusticias de esta ley.

Xalapa, Ver; a 09 de diciembre 2021.- Legislar en bien de la sociedad es una responsabilidad moral de quienes hoy formamos parte de esta Soberanía. La confianza que la ciudadanía nos brindó fue a través de un ejercicio democrático. Nuestro proceder está permanentemente en valoración y esa confianza que se nos ha otorgado, nos puede ser retirada en el momento preciso en que nuevamente la sociedad tenga que refrendarla.

Los tiempos actuales exigen de los gobernantes congruencia entre el decir y actuar. El actuar de toda autoridad o representante popular debe ser en el marco jurídico de respeto y, tolerancia hacia los representados.

Nuestra sociedad exige cada día una mejor apertura y comunicación con sus autoridades y como Servidores Públicos, debemos de corresponder a esa exigencia, que además es obligatoria por parte de nosotros.

La Iniciativa que estoy presentando para Derogar el párrafo segundo y adiciones al primer párrafo del artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene mucho que ver con la aplicación justa de la Ley.

Una penalidad justa a quienes trasgreden las normas, es la que debe prevalecer acorde a la gravedad de los delitos que se cometan. Por eso, el conocimiento pleno del derecho, así como la sensatez en la razón jurídica, deben ser cualidades innatas del juzgador. Esto debe llevar a los impartidores de justicia a una conexión con la realidad cotidiana, pues esta conexión los lleva en muchos casos a escenarios confusos o lagunas legales.

La aplicación de la disposición en comento y que a partir del 11 de marzo de este año entró en vigor, ha sido desde un principio criticada y cuestionada por diferentes sectores sociales. Una de las razones por lo que esto pasa, es la desconfianza ciudadana en nuestro sistema de justicia. Este es el argumento más contundente de quienes se oponen y rechazan las medidas punitivas aplicables contempladas en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz.

Soy partidario del respeto a la dignidad humana tanto de los servidores públicos como de la ciudadanía en general, pero las medidas punitivas actuales del artículo en mención, estoy seguro deben reconsiderarse; ya que si bien es cierto deben protegerse y salvaguardarse los derechos de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, también lo es que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a expresarse de manera libre y respetuosa. Éste derecho constitucional representa la más pura expresión de manifestar la inconformidad ante acciones u omisiones de las autoridades.

Las penalidades aplicables al delito de agresión a un servidor público o ultrajes a la autoridad tal y como está tipificado actualmente, constituye una medida desproporcional equiparado a delitos graves, lo que en su aplicación ha provocado abusos de quienes se entiende están al servicio de la impartición de justicia y quienes, en muchos casos, sin el menor recato violan garantías constitucionales, fomentando incluso la fabricación de delitos. Como ciudadano estoy a favor del respeto a las instituciones y a quienes las representan, pero estoy en contra de penalidades irracionales.

Compañeros legisladores:

Lo que hoy estoy planteando es una Iniciativa que nos compromete a todos. Por encima de cualquier interés se encuentran principios y valores que nos deben unir.

Esta propuesta de reforma, recoge el sentimiento de muchos ciudadanos que han padecido y siguen padeciendo las injusticias de esta ley. Hoy debemos ver la oportunidad de enaltecer la actividad política y demostrar a la sociedad que aún en las diferencias políticas que puedan separarnos ideológicamente, el interés por proteger y salvaguardar sus derechos y que son nuestros también, nos une para ir juntos a reformar leyes que lesionen derechos consagrados en la constitución.

A la sociedad debemos rendirle cuentas. La mejor manera de hacerlo es actuando. Si realmente aspiramos y luchamos por una nueva sociedad, más democrática y justa, hoy tenemos una oportunidad de hacerlo e impedir que más ciudadanos sigan padeciendo la opresión de esta ley, pero al mismo tiempo que cualquier funcionario pueda ser o convertirse en opresor; es decir, debemos privilegiar el respeto a la dignidad humana.

Tengo confianza en que, al estudiar y analizar esta iniciativa, los integrantes de la comisión dictaminadora realizarán un ejercicio de reflexión y voluntad propia sobre el sentido en la decisión que deban dar a este proyecto. Deseo que sea a favor de la justicia.

Es cuanto.