Postura de la Presidenta del TSJEV, sobre el caso de Angélica N.

Postura de la Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, sobre el caso de Angélica N.
Dada la relevancia del tema, como titular del Poder Judicial de Veracruz, considero indispensable aclarar a las y los veracruzanos algunos aspectos relacionados con el asunto Angélica N.

En efecto, como se ha difundido en medios de comunicación y redes sociales, ayer, la jueza Decimo Quinta de Distrito, resolvió una incidencia en la que consideró que no se cumplió con la suspensión provisional concedida a la quejosa y ordenó regresar las cosas al estado que tenían previo a la detención.
Con independencia que no se comparte dicha decisión y existe la posibilidad de impugnarla; es necesario explicar que contrario a lo que se ha venido manejando, el proceso penal seguido contra la ex servidora pública, no ha concluido.

Esto es así, porque la orden de aprehensión que en su momento se libró, continúa vigente, pues su constitucionalidad será analizada por la jueza de distrito hasta dictar sentencia de fondo en el amparo. El resultado de la resolución dictada en el incidente, únicamente trae como consecuencia, reiniciar el proceso penal.

Hasta ahora, no se ha absuelto o condenado a Angélica N; subsiste una contienda, en la que fiscalía tendrá la oportunidad de probar que la nombrada cometió los delitos por los que se ejercitó la acción penal y ella podrá defenderse.

Otro tópico que se ha venido manejando, es la supuesta reinstalación de Angélica N al cargo de Jueza del Poder Judicial de Veracruz; sin embargo, su destitución no está vinculada al proceso penal, pues se trata de determinaciones de índole administrativa, en las que previo estudio de determinadas circunstancias relacionadas con su desempeño como juzgadora, se estimó procedente separarla de su puesto.

Como titular del Poder Judicial de Veracruz, refrendo mi compromiso de seguir trabajando arduamente para transformar la administración de justicia y desterrar del sistema judicial veracruzano la corrupción, en beneficio de las personas justiciables.