Poder Judicial, horas de espanto por COVID-19

Contrapunto

Miguel Ángel Gómez Ruiz

Es indudable que ante la tercera ola de covid-19 se viene lo peor para el país. Con apenas 28 millones de dosis aplicadas en un país de 126 millones de habitantes, es poco probable que se cumplan los planes de vacunar por lo menos al 80 por ciento de los habitantes durante 2021.

Peor aún, las variantes del covid-19 ya están en el país y hay una en especial que se contagia en un minuto y el afectado desarrolla la enfermedad de inmediato y si no tiene inmunización es posible que muera en poco tiempo.

Con un gobierno desentendido que obsequia vacunas a otros países y que además, incurrió en actos de corrupción al adquirir 35 millones de vacunas CanSino a una empresa que aún no estaba constituida, es poco probable que se detengan los contagios y estos irán en aumento con el paso de las semanas.

Lo más probable que se reduzcan las horas de trabajo en las empresas, que muchos pierdan empleos y que niños, adolescentes y jóvenes universitarios no acudan a las escuelas en el siguiente ciclo.

Pero llama la atención que hay lugares en donde jamás se tomaron en serio las medidas para prevenir contagios y es en las salas del Tribunal Superior de Justicia. En todo el estado hubo contagios y muertes. Fueron afectados trabajadores –olvidados por sus líderes sindicales-, abogados y los justiciables.

Hay reportes que en algunos juzgados se concentraban muchas personas y sobre todo, en zonas de calor. Para colmo, en muchos lados ni siquiera sirven los equipos de aire acondicionado.

Queda de ejemplo el tema de los juzgados en Pánuco, en donde hubo un sinfín de contagios, lo que ocasionó que los juzgados fueran cerrados hasta el 1º de julio. La información la ocultaron, pero de algún modo se dio a conocer y después, tuvieron que simular que actuaban para minimizar los daños.

La presidente del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, no se interesó en su personal siquiera, ni ordenó programas de sanitización ni limpieza de oficinas. No ordenó la compra de aparatos sanitizadores, ni de alcohol siquiera, por lo menos para proteger a aquellos que van a exigir justicia.

Empleados de su propio piso denuncian que la señora es exquisita y poco sale para ordenar algún asunto. Que se la pasa en su despacho bebiendo su remedio misterioso, alcohol con crucetillo para prevenirse.

Lo único cierto es que el covid-19 ha dejado muchas muertes en toda la región. Allí mismo en las oficinas centrales ha habido muchos casos. Han muerto empleados, jueces, abogados y justiciables. Imagine usted sobre el número de personas fallecidas por lo que tendría que responder Isabel Inés Romero Cruz, sacada del retiro –ya se había jubilado- para ocupar un cargo para el que no estaba preparada.

En el Poder Judicial no están todos los responsables de su debacle. Muchos andan como si nada, como por ejemplo el gobernador Cuitláhuac García, su secretario Eric Cisneros, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín y muchos diputados que han hecho lo que han querido para convertir ese poder en una oficina de contrataciones y ausencia de justicia.

Hoy, vemos un Poder Judicial invadido por magistrados que son amigos del gobernador o impuestos por Cisneros o Gómez Cazarín, sin preparación ni mucho menos carrera judicial que avale sus nombramientos.

Hay muchos pendientes en el Poder Judicial de Veracruz y uno de ellos es la justicia a distancia. No hay proyecto ni mucho menos dinero para una acción así. En esta administración de Morena el estado ha ido decayendo en liderazgos. Hasta el momento son 17 estados en el país que ya tienen la justicia digital y aquí ni siquiera hay un plan.

Del mismo modo, no se ha reinstalado a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo ni a Roberto Dorantes Romero, pese a que ganaron amparos. Es más, ni siquiera le otorgaron amparo a Sofía Martínez, la anterior presidente que provocó parte del relajo que vive actualmente el Poder Judicial.