Legislativo prioriza respeto a los derechos de la población y servidores públicos: Toño Luna.

-Se respaldarán normativas que generen condiciones favorables para las y los veracruzanos, dijo

Xalapa, Ver., 28 de febrero de 2022.- En el Congreso del Estado se impulsa una política de justicia, igualdad, de respeto a los derechos humanos, que genere una convivencia armoniosa entre ciudadanía y autoridades, expresó el diputado local Toño Luna Rosales.

“Estamos ciertos que ninguna sociedad en la actualidad puede funcionar adecuadamente sin certeza jurídica y sin garantías plenas para la seguridad de sus integrantes. Es ahí donde se vuelve imperativo devolver la paz, la tranquilidad y la armonía a las calles y a los hogares de las y los veracruzanos”, dijo.

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual se declara inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, el Representante del Distrito XIII expresó que en el Poder Legislativo se respeta dicho resolutivo, y se encuentra en la mejor disposición de fortalecer el Estado de Derecho, priorizando el respeto a las garantías individuales de la población y las y los servidores públicos, sin distingos.

“Conservar este delito en la legislación punitiva -como se había propuesto- no era una necedad, sino una necesidad, y muy concreta: fortalecer el ambiente de respeto y cuidado que debe imperar en la relación entre la ciudadanía y las y los servidores públicos que representan a la autoridad, haciendo preponderar, como fin máximo, el orden público”, explicó.

De la misma forma, subrayó que el Congreso estará atento a la iniciativa que emita el Ejecutivo -que de acuerdo con su declaración- prevé erradicar los vacíos legales ante hechos y conductas que suceden en la realidad, a fin de construir una normativa que brinde seguridad a las y los veracruzanos.

“Somos respetuosos de lo que determine la Suprema Corte, si es por el bien de las y los veracruzanos. Como representantes del pueblo, estaremos vigilando y procurando que exista un marco de convivencia jurídico, no sólo del tipo penal, sino económico y ambiental, que genere condiciones que beneficien a todos y todas”.