Gobernadores apoyan a AMLO y condenan que SCJN frene entrega de libros de texto
A través de un comunicado gobernadores de Morena se pronunciaron en contra de que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busquen frenar la distribución de los nuevos libros de texto de la SEP, además de que condenaron el intento de destituir a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia y se pronunciaron para que sean elegidos por voto popular o universal.
“Su actitud como servidores de grupos de interés y facciones conservadoras y no del pueblo de México, queda clara al impedir la distribución de los Nuevos Libros de Texto Gratuito en algunos estados, al proteger a evasores fiscales y, en lo que es un máximo absurdo, al pretender fallidamente, destituir al propio presidente de la República”, se señala en el escrito.
En éste mostraron su rechazo a que algunas y algunos ministros pretendan, “con toda institucionalidad jurídica”, obstruir al gobierno en turno, para lo que consideraron que carecen de las facultades estrictamente constitucionales y jurídicas.
De igual manera, reiteraron su apoyo a que los juzgadores sean elegidos por voto popular: “nos pronunciamos porque los integrantes de la SCJN sean electos, no ya a través de componendas partidistas y favores presidenciales a unos cuantos, sino a través de voto universal, libre, directo y secreto del pueblo de México, tal y como sucede con los poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Lo anterior se da luego de que la Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica, impugnara la resolución del ministro Luis María Aguilar Morales sobre frenar la distribución de los libros de texto en Chihuahua. Acusó quedicha resolución viola los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución.
Refiere que la Ley Estatal de Educación de Chihuahua dispone que es responsabilidad de la autoridad de la entidad realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y materiales educativos que proporcione la SEP, por lo que la controversia constitucional promovida por el gobierno de Marú Campos es improcedente y Aguilar Morales debió negar la medida cautelar.