Exhortan al Poder Judicial informe sobre el estado actual de procesados por el delito de ultrajes a la autoridad.

“Exhorto a la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, informe a esta Soberanía sobre el estado actual y jurídico que guardan los expedientes de ciudadanos veracruzanos procesados por el delito de ultrajes a la autoridad”, Ramón Díaz Ávila, diputado del PT.

Xalapa, Ver., 14 de junio 2022.- El pasado 28 de febrero del año en curso, el máximo Tribunal del País, después de analizar minuciosamente el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz, relativo al Delito de Ultrajes a la Autoridad, declaró la invalidez de este tipo penal, considerando que contiene una “restricción al derecho de libertad de expresión”, violación al principio de taxatividad e incluso en algunos casos, por considerar que este tipo de normas son sobreinclusivas o desproporcionadas.

Considerando que en las cárceles del Estado de Veracruz se encuentran recluidos ciudadanos y ciudadanas, que en su momento fueron imputados o imputadas por el delito de ultrajes a la autoridad de parte de la Fiscalía General del Estado, y los Jueces otorgaron la Prisión Preventiva por éste delito, hoy derogado, lo que ha derivado en una falta de motivación jurídica por parte de los jueces de control y los fiscales, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó éste tipo penal a profundidad, concluyendo que debía derogarse.

Es importante señalar que la prisión preventiva es una medida excepcional, pero tal parece que los jueces la aplican como regla, lo que los lleva a incurrir a una artera violación al artículo 16 Constitucional respecto al principio de debido proceso, lo que nos lleva a pensar que las autoridades judiciales están actuando en forma tendenciosa y facciosa.

Si bien es cierto que existe la discrecionalidad por parte del Juez de Control para dictar la prisión preventiva, la falta de debida motivación en estos casos los ha llevado a incurrir en actos ilegales.

Considerado que desde el 28 de febrero de éste año, fue derogado el Delito de Ultrajes a la Autoridad, se hace necesario el que la sociedad conozca la situación jurídica de las miles de personas procesadas por este delito; ya que como lo señalé líneas atrás, sería además de irresponsable, falta de ética pensar que los jueces hayan variado el tipo penal por el que fueron procesados con el propósito de mantener en prisión a las personas que en su momento fueron acusadas y recluidas, cuando este delito ya no existe en Veracruz.

Si los jueces de control dependientes del Poder Judicial del Estado de Veracruz, siguen sin acatar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caen en desacato de un mandamiento del Máximo Tribunal del País, omisión que los lleva a una responsabilidad penal.

Hay que recordar que la justicia tardía también es injusticia. Por eso hoy, a nombre de los miles de personas recluidas en los Penales del Estado, alzo la voz para que el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, informe el por qué en la lentitud para atender los casos específicos de personas procesadas en el delito de ultrajes a la autoridad, así como la situación jurídica actual de cada uno de ellos; ya que con esto como sociedad tendremos certeza y confiabilidad en el Poder Judicial del Estado.

Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, pongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta, misma que es avalada y respaldada por familias de personas recluidas en el territorio veracruzano, misma que motiva el presente: