El Poder Judicial tocó fondo, abatido por la corrupción.

• Intervención de Gobierno del Estado y el Congreso propició su caída. Magistrados sin carrera judicial y personal administrativo sin preparación suficiente.

Miguel Ángel Gómez Ruiz

La corrupción se disparó en el Poder Judicial poco después que asumiera su cargo el actual gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

No sólo él, sino también el Congreso del Estado, con mayoría morenista, sin visión y criterio, determinó nombrar como magistrados a personal que, en su mayoría, carecía de carrera judicial. Se privilegió a los amigos.

Al día de hoy, de los 33 magistrados que laboran allí dentro, 22 fueron impuestos por el gobernador Cuitláhuac García y sus testaferros, Eric Cisneros y Juan Javier Gómez Cazarín. Entre ellos, Aileth García Cayetano, comadre del mandatario y Lizbeth Aurelia Jiménez, una juez de Poza Rica que recibió como pago la magistratura por haber dictaminado prisión preventiva contra dos empresarios que denunciaron intentos de extorsión de la exdeportista Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Se sumaría a Sofía Martínez Huerta, que pese a que nunca fue juez fue ascendida a magistrada y convertida en presidente del Poder Judicial de Veracruz.

Ella fue destituida y colocaron en su lugar a Isabel Inés Romero Cruz, que cuando laboró en el Tribunal Superior de Justicia se destacó por ocultar un amparo que había ganado el equipo legal de un preso y que ella ocultó. Fue despedida por la entonces magistrada Teresita Álvarez Santés, pero tras suplicar ayuda al presidente Julio Patiño, fue enviada a un juzgado lejano. Ella ya se había jubilado, pero pese a que ya cuenta con 70 años y con severos problemas de salud, sigue como presidente del Poder Judicial.

Aunado a ello, la titular del PJEV ha ignorado y desacatado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ordenó que restituyera a los magistrados Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo, destituidos por la presidencia pese a que contaban como amparos.

Corrupción y saqueo

En este momento, se estima que el presupuesto para este año 2021 ya se agotó. Es decir, en siete meses la administración del Poder Judicial se gastó mil 604 millones de pesos. Además, desaparecieron recursos tanto del Fondo Auxiliar como del Fondo de Retiro de Magistrados, se cree que fueron alrededor de 700 millones de pesos.

Carente de conocimientos administrativos, Isabel Inés Romero Cruz dijo que estaba aprendiendo temas de administración pues no tenía idea del tema, quizá ignorando que ella es responsable del manejo tanto de lo administrativo como lo jurisdiccional.

Basta decir que el tema del manejo de los fondos –por los que se trabajó tanto- es tan delicado que un exintegrante del Consejo de la Judicatura, Mauricio Duck Núñez, se suicidó hace tiempo, justo cuando se mencionaba que los fondos serían auditados.

A la vez, hay personal nuevo, alrededor de 150 personas, sin conocimientos de los temas que se manejan allí que representan un millonario gasto en la nómina.

Sin derecho a intervenir, el gobernador Cuitláhuac García exigió a la presidente del PJEV, Isabel Inés Romero Cruz una reducción salarial de los magistrados para propiciar ahorros. Más que una sugerencia fue una imposición.

Hubiera sido más sencillo que desde que fueron recortados los recursos presupuestales al inicio de año, la presidente recurriera a una controversia para que se les otorgara el presupuesto que correspondía y que oscilaba los 2 mil 200 millones de pesos.

Magistrados en riesgo

Para aquellos magistrados que están cerca del retiro, existe el riesgo de que no reciban ningún recurso del Fondo de retiro debido a que el dinero desapareció.

De igual forma, se ha tratado de distraer la atención al acusar a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros de que gana una millonada. La jurista aclaró que no es cierto.

Con una brillante carrera al interior del Poder Judicial, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, en 1997 –por decreto- fue designada magistrada numeraria inamovible y a la que no se le puede aplicar la ley que promovió Miguel Ángel Yunes Linares para retirar a magistrados que cumplieran 70 años. Ella podría recurrir al amparo, pero a la vez, se ha mostrado desanimada ante la grave corrupción que priva en el Poder Judicial.

Ella explicó que jamás ganó millones y si bien a muchos puede no gustarle que los magistrados, pocos, ganen 100 mil pesos eso fue por una determinación de la Suprema Corte, que aplicó criterios para que los magistrados tuvieran un buen salario para evitar cualquier tipo de tentación.

Sugirió una auditoría profunda para que se investigue quién se llevó el dinero de los fondos y entonces sí, presentar las denuncias correspondientes.

Isabel Inés Romero, mal estado de salud

Empleados del Poder Judicial, principalmente del 5º piso del edificio principal, han denunciado que Isabel Inés Romero Cruz llega a su oficina y se encierra a piedra y lodo.

Personal cercano asegura que Romero Cruz toma una serie de remedios para evitar enfermedades, entre ellas crucetillo con licor.

Trascendió que padece una enfermedad llama Prosopagnesia, también llamada ceguera facial y que es un trastorno cerebral que le impide recordar a mediano plazo. Se cree que por consumir crucetillo con aguardiente le dificulta aún más recordar las cosas.

Una de sus malas decisiones, de acuerdo a abogados, trabajadores del lugar y de justiciables es que jamás se ocupó de resolver el tema de la pandemia de covid-19 o, por lo menos, de aminorar los problemas.

No compró aparatos sanitizadores, gel, tapetes, jabón y por ello en los juzgados hubo mucho riesgo, además de contagios y muerte. Es importante señalar que esa omisión pudo estar relacionada con la sustracción de los recursos del Poder Judicial.