El Poder Judicial de Veracruz vive una grave crisis que se traduce en falta de recursos y lo que es peor, sin credibilidad.

Miguel Ángel Gómez Ruiz

Xalapa, Ver., 18 de febrero 2022.- Mucho se ha mencionado sobre los recortes salariales aplicados a los magistrados y se rumora que no sólo a ellos sino a muchos empleados les aplican descuentos hasta del 30 por ciento de sus salarios y la amenaza es que aquél que se inconforme o resista, será despedido.

La queja ha sido que se pretende imponer ahorros para optimizar recursos, pero hasta ahora nadie ha aclarado, por ejemplo, en dónde quedaron los recursos del Fondo de Retiro, que ascendían a mil 700 millones de pesos.

Desde 2019 a la fecha, bajo los mandatos de Sofía Martínez Huerta e Isabel Romero Cruz, el Poder Judicial de Veracruz vino a menos, invadido por magistrados que más que contar con experiencia judicial, resultaron amigos de tres personajes: el gobernador Cuitláhuac García; el secretario de gobierno Eric Cisneros y el diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

Por igual, a muchos de sus amigos se les dio en nombramiento de jueces, sustituyendo a personas que llevaban 10, 15 y hasta 20 años, conocedores de la ley, para abrir paso a personajes que sólo responden a los intereses de la presidente y de sus superiores.

Ha habido injusticias contra magistrados, con más preparación que los que entraron en 2019, por ejemplo, Marco Antonio Lezama Moo, Roberto Dorantes Romero y Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros.

Dos de ellos ya ganaron amparos y debieron ser reinstalados en sus cargos y llevan mucho tiempo sin cobrar ni recibir prestaciones y en el caso de la magistrada Yolanda Cecilia, ganadora del Premio Nacional al Mérito Judicial, no cobra desde agosto del año pasado.

Ella fue a la Ciudad de México, entonces Distrito Federal a reunirse con secretarios de Gobernación y logró que se creara para Veracruz el Fondo de Retiro de Magistrados y el Fondo de Mejoramiento para la Impartición de Justicia.

Ni siquiera el gobernador Cuitláhuac García Jiménez admite que la administración del Poder Judicial en manos de Isabel Romero Cruz ha sido un desastre, pero debe tomar acciones, porque la corrupción invadió a ese poder y sólo hay algunos privilegiados.

De hecho, Isabel Romero Cruz está en riesgo –por no reinstalar a los magistrados- de ser multada, despedida, encarcelada e inhabilitada, tan sólo por el capricho de no obedecer la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyas decisiones son inapelables.