DIF Veracruz colaboraría con empresas a sobrecostos de hasta el 50%

Mientras que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha ido sorteando una de las semanas políticas más difíciles de su mandato, en el DIF de Veracruz estaría por ventilarse un caso más de corrupción con el esquema de contratar empresas “favoritas” o “patito” a sobrecostos que van desde el 30 al 50%.

Así lo señalan algunos integrantes de diversas cámaras empresariales de Xalapa quienes afirman que el discurso de “no robar, no mentir y no traicionar” no encaja en el DIF de Veracruz a cargo de Clara Mora Juárez, debido a que Marlen Hernández Castillo, directora de asistencia e integración social, no maneja las cosas con la pulcritud que tendría que existir en un puesto encargado del apoyo asistencial a los más desfavorecidos de esta entidad.

“Marlen Hernández sólo simula esas operaciones para favorecer a empresas que ni siquiera cumplen con los requisitos o estándares que requieren los servicios o los productos, donde los sobrecostos van desde un 30, 40 o 50 %, escondiendo regularmente las bases de los contratos para favorecer a los ‘amigos’”, dicen los empresarios.

En ese sentido, trasciende en los pasillos del DIF Veracruz, donde antes fue el Museo del Transporte, que en las componendas de alto nivel, Marlen Hernández presuntamente realiza las asignaciones directas porque dice estar “protegida” por Andrea del Mar Peña Ramos, directora administrativa de la institución y al parecer familiar de la gobernadora de Veracruz, y de la propia mandataria, gracias a los “arreglos políticos” que Rocío Nahle tuvo con su padre Javier Hernández Candanedo, aún alcalde de Misantla.

En los próximos días podrían dar a conocer algunas de las adjudicaciones de dedazo puro y sus sobrecostos que deberán investigar y sancionar, ejerciendo medidas definitivas contra los transgresores de la normatividad, la contraloría general o directamente desde el despacho principal del Palacio de Gobierno.

Cabe mencionar que en el sexenio del también morenista Cuitláhuac García, se evidenciaron las dudosas contrataciones de empresas y los sobrecostos que permitieron jugosos negocios desde el DIF Estatal dirigido entonces por Verónica Aguilera Tapia y su director Administrativo, Héctor Fernando Ruz Santamaría, el cual terminó inhabilitado.