Desde el 2022, tres ciudadanos norteamericanos permanecen detenidos en el penal de Poza Rica sin ser sentenciados

-La abogada dio a conocer que ya presentaron denuncia en contra de al menos 8 elementos adscritos a la SSP, pero no se han iniciado las investigaciones correspondientes

Ángeles González Ceballos

Xalapa, Ver; 7 noviembre 2025.- Los ciudadanos de nacionalidad estadounidense Joel Lemus Guevara de 34 años de edad, Ramiro Julián Laurencio Guevara Jr., de 39 años y, Domingo Ramos Guevara, de 42 años de edad, permanecen recluidos en el penal de Poza Rica desde el 2022, centro penitenciario en el que han sido víctimas del presunto delito de tortura por parte del personal de la dirección de Reinserción Social, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, en reiteradas ocasiones.

En conferencia de prensa, la abogada Perla del Carmen Morales Solano, expuso que por el delito de tortura las víctimas ya presentaron denuncia penal en contra de 8 elementos de la SSP, en mayo de 2024, sin embargo, no se han iniciado los actos de investigación.

Manifestó que desde el 14 de septiembre de este 2025 solicitaron la revisión de la medida cautelar, así como un incidente de nulidad porque sus representados han sufrido actos de tortura dentro del Centro de Reinserción Social de Poza Rica.

Puntualizó que fueron víctimas de dicho delito en noviembre de 2024, en diciembre de ese mismo año, en febrero, marzo y mayo de este año por parte del personal adscrito a la SSP, pero lamentó que tampoco se les haya practicado el protocolo de Estambul.

Manifestó que por dichos actos también ya interpusieron dos quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la primera en marzo de 2025 y la segunda en octubre de este año.

Los ciudadanos estadounidenses fueron detenidos el 27 de noviembre de 2022 en la ciudad petrolera, por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad y contra las instituciones de seguridad pública.

La abogada recordó que si bien el delito de ultrajes a la autoridad fue derogado, quedó vigente el delito contra las instituciones de seguridad pública, que es un delito espejo, toda vez que es similar o parecido, que permite que cualquier acto que sea considerado por el órgano aprehensor constituya la acción y las personas sean detenidas.

Los tres detenidos nacieron en el estado de California, en Estados Unidos, pero en noviembre de 2022 fueron detenidos luego de haber estado de visita en dicha ciudad del norte de Veracruz.

La defensora explicó que no podía dar a conocer el nombre de la persona que presuntamente fue privada de la libertad por los extranjeros, toda vez que está en curso el proceso penal.

Después de tres años de haber sido detenidos, los ciudadanos norteamericanos no han sido sentenciados, incluso en más de un año ellos no tuvieron ni una sola audiencia, además, la mayor parte del tiempo no habían contado con un intérprete de su idioma.

“Fueron diversas personas (quienes los torturaron), quiero aclarar que si bien es cierto existe la tortura física también existe la tortura psicológica, imaginemonos el panorama de las personas que desconocen el idioma, las costumbres, ellos no hablan español, es una situación complicada estar recluido en un país que no es el tuyo, no tuvieron traductor en el proceso penal nunca.

Los traductores que se han implementado han tenido que ser pagados por ellos, esto es lo que ha dilatado la celebración de las audiencias. El Poder Judicial y la Fiscalía se lavan las manos diciendo que no tienen uno a la mano y difieren la audiencia un mes, dos meses”, reprochó.

Por todo esto solicitó que hubiera peritos intérpretes y son quienes los han ayudado, pero esto ha representado una erogación importante, ya que el costo es de entre 8 y 10 mil pesos por audiencia.

La litigante informó que la Embajada de los Estados Unidos tuvo conocimiento del caso hasta mayo del 2024, por lo que al momento de la detención se les negó el derecho de asistencia y notificación consular a sus representados, toda vez que por ser hijos de mexicanos la Fiscalía y el órgano jurisdiccional consideraron que eso les daba en automático la nacionalidad mexicana.

“Ellos no fueron tratados como extranjeros que es lo que son, sino que se trató de imponer sobre ellos la regla de trato procesal como un connacional. La Embajada también ha coadyuvado, sin embargo, dentro del proceso penal como tal no puede actuar. Hemos tenido una respuesta positiva, porque al no tener familiares en el Estado Mexicano, son quienes se han encargado de suministrar medicamentos a uno de ellos que tiene diabetes mellitus e hipertensión en un estado ya avanzado”, reveló.