Décadas de despojos: así opera el cártel inmobiliario en Veracruz
Xalapa, Ver; 10 febrero 2026.- Lo que por años se manejó como rumores entre despachos legales y afectados hoy comienza a tomar forma en denuncias formales: en Veracruz operaría un presunto “cártel inmobiliario”, una red de corrupción integrada por notarios, funcionarios, jueces y particulares que habría facilitado el despojo y la transferencia irregular de propiedades de alto valor en distintas regiones del estado.
Las acusaciones apuntan a un mismo patrón: uso de documentos apócrifos, juicios simulados, escrituras exprés y registros alterados, mediante los cuales inmuebles pasan de manos legítimas a terceros sin el consentimiento de sus propietarios originales.
Arco Sur: el caso que destapó la cloaca
Uno de los casos más emblemáticos es el presunto despojo de 12 hectáreas en la zona de Arco Sur, en Xalapa, terrenos valuados en más de 98 millones de pesos, que habrían sido transferidos mediante escrituras irregulares sin que existiera una sentencia judicial firme que lo avalara.
De acuerdo con los denunciantes, el procedimiento incluyó juicios fabricados, registros exprés ante el Registro Público de la Propiedad y posterior venta a terceros, lo que derivó en denuncias por fraude, fraude procesal y falsedad ante la autoridad.
Para abogados penalistas, este caso no es una excepción, sino apenas la punta del iceberg.
Un modus operandi repetido
Especialistas en derecho inmobiliario advierten que el fenómeno no es nuevo y que se trata de un esquema que se ha reproducido durante años: detectar propiedades intestadas, abandonadas o en conflicto legal, iniciar procesos judiciales simulados, obtener escrituras irregulares y finalmente revender los inmuebles.
Este mismo patrón ha sido denunciado no solo en Xalapa, sino también en municipios como Veracruz, Boca del Río, Coatepec y la zona centro, incluyendo predios del Centro Histórico del puerto de Veracruz, donde familias aseguran haber sido víctimas de intentos de despojo mediante recursos legales cuestionables.
El gobierno reconoce la red
Por primera vez de forma pública, el Gobierno del Estado reconoció la existencia de una red de corrupción inmobiliaria. En febrero de 2026, la Secretaría de Gobierno inició inspecciones directas a notarías en distintos municipios, con el objetivo de revisar actas, escrituras y procesos que pudieran estar vinculados a operaciones fraudulentas.
El titular de Segob, Ricardo Ahued Bardahuil, declaró que no se trata de revisiones administrativas comunes, sino de acciones específicas contra estructuras que estarían utilizando instituciones públicas para legalizar despojos.
Más que fraudes: crisis de seguridad jurídica
Para especialistas, el problema va más allá del delito patrimonial. La operación de este tipo de redes debilita la seguridad jurídica del estado, ya que pone en entredicho la confiabilidad del Registro Público de la Propiedad, las notarías y los tribunales.
“Si una escritura ya no garantiza la propiedad, el sistema completo se vuelve vulnerable”, advierten abogados que han llevado casos de este tipo.
Por ello, han solicitado que las investigaciones no se limiten a casos aislados, sino que se extiendan a posibles esquemas de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y redes de tráfico de influencias, con la participación de la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Un problema con raíces profundas
El llamado “cártel inmobiliario” es visto por expertos como un fenómeno estructural, producto de décadas de impunidad, corrupción institucional y falta de controles efectivos sobre los procesos de escrituración y registro.
Lejos de ser un hecho aislado, refleja una práctica sistemática que permitió a grupos con poder económico y político apropiarse de bienes ajenos bajo una fachada de legalidad.
Hoy, con las primeras acciones oficiales, el tema ha salido a la luz. Pero para cientos de afectados, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuántas propiedades más cambiaron de dueño sin que sus verdaderos propietarios siquiera se enteraran?
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