Contrapunto

Miguel Ángel Gómez Ruiz

Inseguridad en Coatzacoalcos.
Gobierno de AMLO, sin resultados.
PJEV, retrasos y desmanes.

La sola idea de que haya empresarios en Coatzacoalcos que desean tener permisos para utilizar armas para defenderse de los delincuentes preocupa a todos.

Aunque ahora el gobierno del estado exhiba números en los que presume que no ha habido secuestros en el puerto sureño desde hace un año, la población de allí y alrededores continúa preocupada.

La razón es sencilla, para el gobierno no hay secuestros, pero prevalecen los asesinatos, los asaltos a comerciantes y transeúntes, la extorsión –principalmente a comerciantes- y el temor que provocan los grupos delictivos.

No se puede olvidar que hubo levantones y hasta mujeres asesinadas. La quemazón de un centro nocturno con bailarinas, meseros y clientes, que fue una gran tragedia y muchas cosas más. La extorsión, por cierto, provocó que se cerrasen negociaciones que ya tenían prestigio allí.

Sabemos de la buena intención del alcalde Amado Cruz Malpica que sin duda, no querrá hacer el mismo papel que realizó Víctor Carranza, quizá el peor edil que haya ocupado el palacio municipal.

Con Carranza la delincuencia se desbordó al grado que Coatzacoalcos estuvo considerado como uno de los diez municipios más peligrosos.

Quizá se dio pelea para mejorar las cifras, pero aunque se presume que no hay secuestros, los delitos continúan. En los últimos días, los empresarios se quejaron que siguen las extorsiones y pidieron ayuda.

Hay que señalar, no basta una visita de funcionarios, mucho menos promesas de que las cifras se reducirán. Se requiere de un plan concreto para disminuir extorsiones, asesinatos, asaltos y lo que aún prevalezca. La población de Coatzacoalcos merece ser atendida. Esperamos realmente que se haga algo que rinda resultados.

No hay logros

Todos los días, quienes cubrimos fuentes de gobierno tanto federal como estatal escuchamos que el país va muy bien y que ya no hay corrupción.

No es así y no es por criticar al presidente López Obrador. Sabemos que no es el único responsable y que el tema de su hijo en Texas le ha quitado el sueño y no tiene forma de resolverlo.

No hay crecimiento económico, pues ya sabemos que 2021 se cerró con el 0.008 por ciento y eso fue provocado por la indolencia de algunos funcionarios, las obras faraónicas y el mismo covid-19.

No hay circulante en el país y no se puede considerar un logro que lleguen más remesas. Eso no es un logro del gobierno, eso es producto del trabajo de cientos de miles de mexicanos que todos los días laboran para mantener a sus familias, allá y acá.

Sigue el huachicol, el tráfico de crudo está en su momento más álgido. Las obras conocidas como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles han costado mucho más dinero que como fueron presupuestadas.

El Aeropuerto Internacional de Texcoco, fue cancelado a un costo cuatro veces mayor que el original y eso generó una grave crisis, peor que el FOBAPROA.

No hay dinero para medicamentos, aún no se surten medicamentos para el Cáncer, tampoco para los tratamientos de VIH y Sida, vaya, hay muchos lugares en donde no hay ni los medicamentos más sencillos, para terminar pronto, ni Paracetamol.

No hay obra pública. Diariamente en periódicos, noticieros de televisión y en las redes sociales se habla sobre el mal estado de decenas de carreteras federales y eso también genera crisis.

Y la inseguridad, a tope. Los grupos del crimen organizado dominan una gran parte de territorio nacional. Ha habido agresiones a la población en Colima, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Sonora, cinco estados que son gobernados por Morena. Sí, por Morena.

PJEV

No hay la más mínima intención de parte de la presidente del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Romero Cruz, en resolver la problemática que se vive al interior.

Siguen los contagios de covid-19, sin control. Cada vez se descuenta más dinero a los trabajadores, ya no sólo a los magistrados. Son muchos los que reciben menos dinero, pero los de arriba siguen bien forrados de billetes, entre ellos la presidente, los miembros del Consejo de la Judicatura y la que administra el billete, Joana Marlén Bautista –dicho por personal que labora a su alrededor-.

El resto no, -andan con poco dinero o sin él-, esos no forman parte de la élite de ese lugar.

Por ende, no se sabe qué va a pasar cuando la Suprema Corte de Justicia exija y obligue a Romero Cruz a reponer a los magistrados que fueron destituidos ilegalmente, como lo son Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero. Faltando la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, que está a la espera de dos amparos y que ni siquiera cobró sus prestaciones y aguinaldo de 2021 y lo más probable es que esos recursos terminaron en los bolsillos de algún poderoso de allí dentro.

Hay mucho qué hacer allí y sería bueno que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que tiene mucha presencia en el lugar, ponga algunas medidas, pues todo se ha salido de control.