Clemente Zorrilla se perfila para la Fiscalía con respaldo de diputado Diego Castañeda

Xalapa, Ver., 23 mayo 2025.- El nombre del juez José Clemente Zorrilla Rostro, actual juez de control en el Poder Judicial del Estado, ha comenzado a tomar fuerza como propuesta para encabezar la Fiscalía General del Estado de Veracruz, impulsado por el diputado local Diego Castañeda, quien ha reconocido en él un perfil técnico, ético y con visión reformista.

Zorrilla ha sido uno de los principales impulsores de una reforma profunda a las fiscalías, señalando que la eficiencia en la impartición de justicia no puede lograrse si los fiscales continúan desbordados por la carga de trabajo y sin el respaldo estructural necesario. “Un fiscal no puede atender con precisión doscientas carpetas de investigación al mismo tiempo; se pierde la exactitud y se compromete el acceso real a la justicia”, declaró recientemente en entrevista con medios de comunicación.

Con una trayectoria sólida y el reconocimiento de distintos sectores judiciales y legislativos, Zorrilla Rostro ha propuesto una reestructuración del sistema fiscal en Veracruz que incluye: Contratación de más fiscales y peritos, digitalización de expedientes, fortalecimiento de la defensoría pública, y respeto a la autonomía institucional, sin renunciar a la rendición de cuentas.

El diputado Diego Castañeda, uno de los legisladores más cercanos al proyecto de la gobernadora Rocío Nahle, ha expresado su respaldo al juez Zorrilla, destacando su “compromiso con la justicia, su visión progresista y su probada independencia del viejo régimen de complicidades”.

Fuentes legislativas confirman que la propuesta será analizada formalmente en las próximas semanas, en el marco del proceso de renovación en la Fiscalía, como parte de la transformación institucional que impulsa la administración de Nahle García en materia de seguridad y justicia.

Con esta propuesta, Veracruz podría tener al frente de la Fiscalía a un jurista con experiencia, visión técnica y un claro compromiso con los derechos humanos y la eficiencia institucional, en sintonía con el nuevo modelo de justicia que requiere el estado.