Ahued admite existencia de “cártel inmobiliario” en Veracruz y anuncia operativo en notarías

Xalapa, Ver; 05 de febrero 2026.- El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció públicamente que en Veracruz opera un cártel inmobiliario, integrado por presuntos defraudadores, abogados y redes de corrupción que utilizan vacíos legales para despojar de propiedades, principalmente a personas adultas mayores.

En un mensaje de alto impacto político, Ahued anunció que este lunes iniciará un operativo de revisión en notarías del estado, comenzando en Xalapa, y advirtió que se actuará sin contemplaciones:

“Que tiemble quien tenga que temblar. Si detectamos algo indebido, actuamos de inmediato”, sentenció.

El funcionario dejó en claro que el gobierno que encabeza la gobernadora Norma Rocío Nahle García no protegerá intereses privados ni redes de corrupción. Por el contrario, afirmó que existe una instrucción directa de aplicar la ley sin simulaciones.

Denuncian red de fraudes inmobiliarios

Previo al acto conmemorativo por el aniversario de las Constituciones de 1857 y 1917, Ahued reveló que existen denuncias formales sobre operaciones fraudulentas relacionadas con la compra-venta de terrenos, herencias y escrituras irregulares.

Incluso, expuso que en el municipio de Perote se intentó realizar una operación irregular por más de 500 hectáreas, lo que encendió las alertas del gobierno estatal.

“Hay un contubernio de abogados y defraudadores que se aprovechan de contextos legales para cometer abusos. La mayoría de las víctimas son adultos mayores que no tienen cómo defenderse”, denunció.

Notarías bajo la lupa

El secretario de Gobierno no descartó suspensiones de notarías si se comprueba su participación en actos de corrupción o fraude inmobiliario, y pidió a la ciudadanía presentar denuncias formales para poder proceder legalmente.

“Queremos la denuncia para actuar; no ocultamos nada. Con la gobernadora no se esconde nada ni se tolera”, afirmó.

Un mensaje político de fondo

El reconocimiento oficial de un “cártel inmobiliario” por parte del propio Gobierno de Veracruz marca un punto de quiebre: por primera vez se admite desde el poder que existe una estructura organizada de despojo patrimonial, con posibles complicidades institucionales.

Ahora, el reto no será el discurso, sino los resultados.
La sociedad veracruzana no espera operativos mediáticos, sino detenciones, sanciones, cancelación de notarías corruptas y recuperación de bienes.

Porque en un estado donde miles de familias han sido despojadas de su patrimonio, la pregunta no es si “va a temblar alguien”, sino si esta vez realmente habrá justicia.