SCJN echa abajo reforma al Código Civil aprobada por la pasada Legislatura de Veracruz

Corte exhibe deficiencias legislativas y alerta por violaciones a derechos humanos

XALAPA, VER.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional una reforma al Código Civil de Veracruz, aprobada por la pasada Legislatura del Congreso local en octubre de 2024, al considerar que viola derechos humanos de personas con discapacidad, particularmente en temas relacionados con la custodia tras un divorcio.

La reforma fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al advertir que contraviene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como los principios de igualdad, no discriminación y capacidad jurídica plena.

De acuerdo con la sentencia, los exlegisladores adoptaron un enfoque paternalista, al establecer que las personas con discapacidad debían quedar bajo tutela obligatoria después de un proceso de divorcio, tratándolas como sujetos de protección y no como titulares plenos de derechos.

La SCJN subrayó que esta disposición transgrede el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que impide que las personas con discapacidad ejerzan plenamente su autonomía y participen en decisiones que les afectan directamente.

Ambigüedad y falta de certeza jurídica

El máximo tribunal del país también consideró que la norma es contraria al derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, al no establecer con claridad qué medidas de protección deben aplicarse ni cómo se determinan dentro de una sentencia de divorcio.

“Esta ambigüedad se agrava al no facultar expresamente a las personas con discapacidad a participar en la determinación de dichas medidas, lo que sugiere que la decisión queda exclusivamente en manos del juez”, señala la resolución.

No es el primer revés para la pasada Legislatura

Este fallo se suma a otro emitido recientemente por la SCJN, que declaró inválida una reforma al Código Hacendario Municipal de Tlapacoyan, también aprobada por la pasada Legislatura, la cual permitía al Ayuntamiento realizar cobros dobles de impuestos y derechos, vulnerando principios constitucionales.

Ambas resoluciones han generado preocupación entre especialistas y actores políticos, al evidenciar deficiencias en el proceso legislativo en Veracruz y la aprobación de leyes sin el debido análisis constitucional y de derechos humanos.