Gobierno de Veracruz pone orden en notarías y transporte público

Xalapa, Ver; 01 de febrero 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que en Veracruz no existe un “cártel inmobiliario”, sino un grupo de defraudadores que han incurrido en prácticas irregulares, contra quienes se procederá penalmente.

Consideró positivo que esta situación se haya hecho pública, ya que permite al Gobierno de Veracruz actuar en consecuencia. En ese sentido, advirtió que ya tienen identificados a algunos servidores públicos involucrados, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial.

“Creo que es un buen momento para que se destape este escándalo, para que todos le vayan pensando y bajando dos rayitas, porque en el gobierno de la señora ingeniera Rocío Nahle no se permite este tipo de tonterías”, expresó.

Ahued Bardahuil subrayó que la instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García es poner orden en el ámbito notarial y garantizar que los procesos se realicen conforme a la ley.

Asimismo, reiteró que la Secretaría de Gobierno atenderá cualquier denuncia o sospecha de actos notariales irregulares, aun cuando no sea un órgano judicial, ya que cuenta con facultades para supervisar el funcionamiento de las notarías.

Notarías en revisión

El funcionario estatal informó que ya se inició un proceso de revisión exhaustivo en todas las notarías del estado de Veracruz, con el objetivo de detectar posibles irregularidades en registros y actos notariales.

Incluso confirmó que ya fue retirada una patente y que otras notarías han sido convocadas para regularizar aspectos administrativos en los próximos meses.

Resaltó que cuentan con el respaldo del Colegio de Notarios para actuar conforme a la ley ante cualquier registro indebido.

Estado actuará en tema del transporte público

En otro tema, Ahued Bardahuil se refirió al conflicto generado por el incremento indebido de la tarifa en los camiones del sistema Ulúa, que pasó de 15 a 18 pesos sin contar con autorización.

“El Estado ya tomó control de las unidades, porque no va a permitir que alguien suba la tarifa del Ulúa nada más porque se le ocurrió. No había pretexto: son camiones nuevos, es una inversión del Estado y no se puede subir la tarifa a la ligera. Eso fue lo que detonó el problema”, señaló.

El funcionario calificó esta acción como un “atentado a la confianza de la gobernadora” y aseguró que el Gobierno estatal intervino para evitar abusos contra los usuarios.

Finalmente, explicó que se analiza la posibilidad de crear una empresa social que administre el servicio, con el objetivo de garantizar tanto la calidad del transporte como la estabilidad en el costo del pasaje.