Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Campeche, Camp.— Periodistas, académicos, policías y ciudadanos en Campeche denuncian un clima de hostigamiento, censura y persecución política durante el gobierno de la gobernadora Layda Sansores, a quien acusan de usar a las instituciones para silenciar a quienes la critican.

Reporteros locales afirman que durante su administración desaparecieron los cinco periódicos impresos del estado, quedando solo una televisora y una mayoría de medios digitales alineados al gobierno. Varios periodistas han sido demandados por “violencia política de género”, obligados a disculparse públicamente y sometidos a procesos judiciales.

Uno de ellos, Abraham Martínez, denunció haber sido intimidado por policías tras ser detenido en un operativo irregular, por lo que activó su botón de pánico ante el temor de que le sembraran delitos.

Caso del exrector y la presión política

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, fue detenido recientemente tras el presunto hallazgo de droga en su camioneta, hecho que calificó como un montaje del gobierno estatal. Acusó que su detención se dio después de negarse a ceder patrimonio universitario y permitir injerencias políticas.

La ANUIES condenó el caso y alertó sobre un ataque directo a la autonomía universitaria.

Carnaval, censura y criminalización

Durante el Carnaval 2024, cuatro personas fueron detenidas por usar máscaras y botargas de políticos, acusadas de delitos como incitación al odio. Abogados y activistas señalaron que se trató de una sátira política, no de un delito.

Suprema Corte frena a Sansores

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló una reforma impulsada por Sansores que le permitía realizar obras sin permisos municipales, al considerar que violaba la Constitución y las facultades de los ayuntamientos.

Clima de miedo

Periodistas, expolicías y activistas aseguran que en Campeche existe un ambiente de miedo y persecución, donde cuestionar al gobierno puede derivar en detenciones, denuncias o amenazas.

Organismos, comunicadores y universidades advierten que el estado vive una crisis de libertades y abuso de poder, donde la crítica pública ha sido criminalizada.