“La salud en Veracruz: el problema no es la falta de medicamentos, es la falta de decisión”

Xalapa, Ver., 27 de noviembre 2025.- En Veracruz, el sistema de salud no está simplemente desordenado: está atrapado en una estructura que lleva años operando con inercias, redes internas y prácticas que ningún gobierno ha logrado —o querido— desmontar.

La crisis en SESVER no es reciente ni producto de errores aislados. Es un problema profundo, acumulado, sostenido por mecanismos que sobrevivieron cambios de administración, auditorías, denuncias y promesas de “reingeniería total”. Nada se depuró realmente: solo cambió de forma.

La centralización del sistema hacia IMSS–Bienestar se presentó como la oportunidad para dejar atrás esa etapa. Sin embargo, Veracruz llegó con un historial complicado y observaciones por más de 1,600 millones de pesos, difundidas ampliamente en reportes públicos. Se anunciaron denuncias penales, investigaciones y revisiones exhaustivas. A la fecha, el resultado es el mismo: no hay responsables, no hay sanciones y no hay claridad.

En medio de este escenario, el nuevo secretario de Salud, el médico Valentín Herrera Alarcón, fue presentado como un perfil técnico y disciplinado. Pero enfrenta un reto evidente: encabeza una institución donde buena parte del control operativo no depende de él. La estructura permanece intacta y muchas jurisdicciones funcionan como espacios con autonomía informal, donde las decisiones y los criterios no siempre se alinean con la política pública estatal.

Uno de los casos que más señalamientos acumula es el de la Jurisdicción Sanitaria de Martínez de la Torre, donde empresarios, trabajadores de la salud y autoridades municipales han reportado, de manera reiterada, prácticas administrativas discrecionales, trámites opacos e inspecciones que generan incertidumbre. Entre los nombres mencionados con frecuencia se encuentra el del jefe jurisdiccional, Dr. Francisco Pimienta Luna. No se determina responsabilidad penal —esa tarea corresponde a las autoridades competentes—, pero sí es evidente que existe un cúmulo de quejas que ameritan atención institucional.

La percepción en la zona turística de Costa Esmeralda es similar: más que una autoridad sanitaria que acompaña y orienta, la jurisdicción es vista como una instancia que genera presión y temor en distintos sectores productivos. Cuando la regulación deja de inspirar confianza, su función técnica se diluye.

Lo más preocupante no es lo que ocurre, sino lo que no ocurre. No hay una revisión profunda de operadores locales, no se transparentan procesos, no se renuevan estructuras ni se atienden los señalamientos ciudadanos. La impunidad administrativa se vuelve un patrón.

Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta las consecuencias: hospitales sin insumos suficientes, personal sin respaldo, inspecciones inconsistentes, trámites lentos y programas que no se reflejan en el territorio.

El problema no es solo que el sistema de salud esté fallando. Es que ha funcionado durante años con reglas no escritas que perpetúan malas prácticas y frenan cualquier intento de transformación.

Si la gobernadora Rocío Nahle busca realmente reconstruir el sistema, el punto de partida inevitable son las jurisdicciones sanitarias. Ahí se concentra el poder cotidiano, las decisiones operativas y, en muchos casos, los vicios históricos.

Reordenar esas estructuras implica un costo político. Pero mantenerlas como están implica un costo social mucho mayor: deterioro de servicios, pérdida de confianza y afectaciones directas para miles de veracruzanos.

Veracruz no necesita más anuncios. Necesita decisiones firmes y acciones visibles. Solo así la salud dejará de ser rehén de redes internas y podrá convertirse, al fin, en un servicio digno para la población.