Congreso de Veracruz discutirá reforma que redefine el papel de la Fiscalía
Ayuntamientos deberán instalar una Casa de las Artesanías, contar con un consejo municipal o un subcomité de desarrollo artesanal. Con 42 votos, sin abstenciones o votos en contra, avalan el dictamen, resultado de la iniciativa presentada el pasado 19 de junio por la diputada Miriam García Guzmán.
Xalapa, Ver; 25 noviembre 2025.- Este martes, durante una sesión nocturna —de esas en las que suelen avanzarse los temas más sensibles— el Congreso de Veracruz discutirá el dictamen que propone una reconfiguración profunda del funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. Aunque oficialmente se presenta como un proceso de “modernización institucional”, en el ámbito político es evidente que la reforma abre la puerta a una eventual salida de la actual fiscal, Verónica Hernández Giadáns.
El dictamen, elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Procuración de Justicia, integra tres iniciativas que coinciden en un punto: desmontar el modelo vigente de nueve años en la Fiscalía y establecer un esquema en el que el Ejecutivo recupere un papel predominante en el nombramiento, continuidad y eventual remoción del próximo titular.
Un nuevo diseño con decisiones aceleradas
La propuesta otorga al Ejecutivo la facultad de enviar la terna o propuesta de Fiscal al Congreso, que contará únicamente con cinco días hábiles para aprobarla. En caso de no responder, el nombramiento se considerará aprobado. Si se rechaza la primera opción, llegará una segunda. Y si nuevamente no hay resolución legislativa, también quedará aprobada de manera automática.
El periodo se reduciría de nueve a cuatro años, con posibilidad de una sola ratificación, igualmente decidida por el Ejecutivo. Esto significa que la continuidad de la persona titular de la Fiscalía dependerá directamente de la valoración del Gobierno estatal.
Remoción acelerada y una autonomía reinterpretada
La reforma también establece que el Ejecutivo podrá remover al Fiscal por “causas graves”, mientras que el Congreso tendrá el mismo plazo de cinco días para objetar la decisión. Si no lo hace, la remoción será válida sin mayor trámite.
Aunque el dictamen afirma que la autonomía constitucional de la Fiscalía no se afecta, la nueva estructura otorga al Ejecutivo un peso decisivo en nombramientos, ratificaciones y remociones, lo que ha generado debate sobre si se trata de una mayor coordinación institucional o de una concentración de facultades.
Los argumentos oficiales: eficiencia y menos burocracia
Según las comisiones dictaminadoras, el modelo actual provoca negociaciones prolongadas y retrasos que afectan el funcionamiento institucional. La solución, sostienen, es un esquema más ágil, con procesos definidos y una “cadena clara de responsabilidad”.
Sin embargo, especialistas y sectores críticos advierten que dicha claridad podría traducirse en un mayor control político sobre la Fiscalía. Y recuerdan que, en Veracruz, la relación entre justicia y poder ha sido históricamente un tema delicado.
Lo que viene
El dictamen establece un plazo de 120 días para realizar los ajustes correspondientes en la Ley Orgánica de la Fiscalía. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Mientras tanto, ya circulan nombres de posibles perfiles que podría proponer la gobernadora Rocío Nahle, aunque ninguno ha sido confirmado.
En los próximos días, los discursos se dividirán entre quienes defienden la eficiencia y quienes advierten riesgos de concentración. Más allá de las posiciones, la discusión de fondo ya no es si la Fiscalía debe ser autónoma, sino qué tipo de autonomía puede sobrevivir bajo un modelo donde el Ejecutivo recupera un papel central.
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