Destrucción de expediente original en la Delegación del ISSSTE en Veracruz expondría delito federal

DENUNCIA CIUDADANA

Xalapa, Ver., 08 octubre 2025.- La Subdelegación de Prestaciones Económicas del ISSSTE Veracruz se encuentra nuevamente en el centro de la controversia, luego de que supuestamente una trabajadora de base, Liliana Pajonares González, fuera señalada por destruir un expediente original de un pensionado, un acto que podría configurar un delito federal grave y que hasta el momento las autoridades no han actuado.

El incidente ocurrió el pasado 23 de septiembre de 2025, cuando la empleada, adscrita a dicha Subdelegación, rompió y tiró a la basura un archivo que contenía documentos oficiales y datos personales sensibles del derechohabiente, incluyendo actas de nacimiento y expedientes personales. La destrucción de este tipo de documentación oficial es un delito sancionado severamente por la ley, sin embargo, las autoridades pertinentes no han actuado en tiempo y forma.

A pesar de la gravedad del hecho, los reportes internos indican que altos funcionarios y líderes sindicales habrían intentado desviar la atención y encubrir el incidente. Ya que en lugar de notificar de inmediato a las autoridades correspondientes, para sancionar a la trabajadora, se habría organizado un evento deportivo para minimizar los hechos e intentar cubrir la falta que es muy grave.

Además, las autoridades superiores del ISSSTE habrían simulado un procedimiento interno, levantando un acta administrativa que, según comentarios de personal dentro del propio instituto, fue manipulada para favorecer a la infractora y reducir la sanción.

A más de una semana de ocurrido el hecho, Pajonares González continúa laborando con total normalidad, lo que refuerza las sospechas de una red de protección dentro de la delegación del ISSSTE en Veracruz.

Empleados del ISSSTE aseguran que la trabajadora está siendo protegida directamente por sus superiores y la cúpula sindical. Los señalamientos recaen sobre la Lic. Ollín Chávez Hernández, Encargada del Despacho de la Subdelegación de Prestaciones, y el Ing. Ignacio de Jesús Altamirano Cantel, Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, quienes presuntamente le brindan protección. A esta lista se suma la Secretaria General de la sección XXXV del SNTISSSTE, María Eugenia Castañeda Elvira.

La defensa de la trabajadora corre a cargo de Rodolfo Ayala Salinas, representante sindical, a quien los mismos trabajadores acusan de usar su puesto para proteger “una red de negocios personales” con algunos trabajadores, en lugar de los derechos laborales.

Delito Federal: Consecuencias Legales

La destrucción de documentos oficiales con datos personales es un delito grave en la legislación mexicana. El Código Penal Federal (artículo 214) califica este acto como “ejercicio ilícito de servicio público”, con penas de dos a siete años de prisión.

A su vez, la Ley General de Archivos (artículo 121) establece sanciones aún más duras, imponiendo penas de tres a diez años de prisión y multas elevadas para aquellos que sustraigan, alteren o destruyan documentos bajo su resguardo.

Se espera que las autoridades competentes y el Órgano Interno de Control del ISSSTE realicen una investigación transparente y deslinden responsabilidades, dadas las implicaciones legales y el perjuicio a un derechohabiente.