¿Quién vigila al vigilante? El INEGI y el fin del CONEVAL

Una Visión Ciudadana.

Alan Sayago Ramírez.

Xalapa, Ver., 10 de agosto 2025.- Hace casi un mes, el gobierno de México nos dio una sorpresa más fuerte que el chisme en el metro: desapareció El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que desde 2004 se encargaba de decirnos cuántos mexicanos son pobres y si los programas sociales sirven o nomás son para la foto. ¿Y a quién le pasaron ese tesoro de datos y atribuciones? Pues al El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ese instituto que todos ubicamos porque te toca la puerta para el censo y hasta anota cuántos focos tienes… pero que ahora cuenta con superpoderes para evaluar la política social y medir la pobreza. Suena muy bien en el papel, pero si no entiendes bien el asunto, es como confiarle a quien se encarga de contar los boletos en la entrada del cine la organización completa de un festival de música: sabe cuánta gente hay, pero planear el evento y cuidar que todo salga bien es otro nivel.

Vamos a ponerlo claro: la evaluación de programas sociales es más que contar cuántas personas reciben una tarjeta o un apoyo. Es analizar si ese apoyo realmente ayuda, si mejora vidas o sólo alimenta el negocio de la corrupción o el clientelismo. Y aquí entra la palabra mágica que pocos entienden, pero es esencial: metaevaluación. ¿Qué es? Es la evaluación de la evaluación. Es decir, revisar si las mediciones y diagnósticos que se hacen sobre los programas sociales son confiables, imparciales y útiles. Mi querida académica favorita en esto, Myriam Irma Cardozo Brum, explica que sin metaevaluación no hay forma de garantizar la calidad y objetividad de los datos que sustentan la política social.

Pero la cosa se puso fea cuando, por decreto publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 2025, se reformaron y derogaron varias disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En concreto, se modificaron artículos clave como el 4, 5, 10, 18, 19, 29, 30, 36, 37, 43, 49, 51, 57, 58, 61, 64, 65, 68, 69, 72, 72 Bis, 73, 74, 80, 81, 82, 83 y 84, entre otros. Todo para que la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política social pasen del Coneval al INEGI.

¿Y por qué importa? Porque el CONEVAL era independiente, con personalidad jurídica propia, y su trabajo estaba blindado de influencias políticas. El INEGI, aunque respetable, ahora se encuentra en un rol donde tendrá que lidiar con la Secretaría de Hacienda, que además es quien tiene el billete y puede decir “sí” o “no” a las evaluaciones que no le gusten. Como si el árbitro también fuera el entrenador y el dueño del equipo.

El artículo 4 reformado establece que la medición y evaluación corresponden al INEGI conforme al artículo 26 constitucional. Pero aquí está la trampa: el artículo 72 señala que el Instituto podrá hacer la evaluación directamente o a través de organismos “independientes”, pero no define con claridad la autonomía real para esos órganos externos. Además, la Secretaría de Hacienda tendrá la última palabra sobre el programa anual de evaluaciones y la homologación de criterios, lo que puede convertir el rigor técnico en una charola para servir resultados oficiales bonitos, pero poco reales.

¿Se acuerdan de cuando los programas sociales eran checados, evaluados y criticados? Pues esos días se están quedando en la historia. La metaevaluación, que Myriam Cardozo Brum señala como vital para mantener la credibilidad y eficacia de las políticas públicas, está en peligro. Sin ella, la evaluación se vuelve un trámite burocrático para justificar gastos, no una herramienta para mejorar vidas.

Imagínate que tu examen final lo corrigiera el maestro que también decide tu calificación final, el lugar donde estudias y la beca que te dan. Así, de entrada, ya no confiarías en que tu calificación refleje tu esfuerzo o conocimientos. Eso pasa ahora con la evaluación social. La dependencia encargada de repartir y evaluar recursos también puede decidir qué resultados mostrar.

Además, los artículos 29 y 30 refuerzan la obligación del Ejecutivo Federal de revisar zonas prioritarias para la atención social, con base en los resultados de la evaluación y medición. Pero si esos resultados pueden ser manipulados, el recurso público corre el riesgo de llegar a los mismos de siempre, sin atender verdaderamente a quienes más lo necesitan.

Por si fuera poco, el decreto señala en sus transitorios que el Coneval extingue su personalidad jurídica y que en un plazo breve el INEGI deberá absorber sus recursos, personal y responsabilidades. El Instituto debe reformar su reglamento interior en 20 días para cumplir con estas nuevas atribuciones, y todo esto en un contexto de austeridad republicana. O sea, a hacer milagros con lo que hay.

En pocas palabras: el gobierno le quitó al Coneval el poder de fiscalizar de verdad y lo puso en manos de un organismo que, aunque competente, está más cerca del poder político y del presupuesto que de la independencia técnica. La metaevaluación que defendemos los académicos y que podría salvarnos de la simulación, quedó en la congeladora.

A casi un mes de la desaparición del CONEVAL, la pregunta que queda es clara: ¿quién va a evaluar si los programas sociales sirven o sólo sirven para inflar cifras y discursos? Porque sin evaluación ni metaevaluación independiente, las políticas públicas serán como memes falsos: se viralizan, entretienen, pero no resuelven nada.

Para los jóvenes que leen esto, piensen en la evaluación como el filtro para no tragarnos mentiras disfrazadas de progreso. Sin este filtro, nos la venden doblada y ni cuenta nos damos, mientras seguimos esperando un México menos desigual y más justo.

Si la evaluación es la linterna que ilumina los caminos de la política social, hoy la han apagado y dejado que caminemos a tientas. Sólo queda esperar que el INEGI no se convierta en el compinche que oculta los tropezones y, en cambio, se arme de valor para hacer ruido y cumplir la misión que se le encomendó. Porque como decía Myriam Cardozo Brum, sin metaevaluación no hay transparencia, y sin transparencia, la democracia se vuelve un juego de apariencias.

Así que, mientras nos llega la próxima entrega de la telenovela de la política social mexicana, acuérdense: los números no mienten, pero sí pueden ser manipulados. Y con el Coneval muerto y enterrado, sólo queda pedirle al INEGI que no deje que la estadística se convierta en estadística-ficción.

Alan Sayago Ramírez.

Delegado de la asociación política Estatal GAMEC, licenciado en Derecho, maestro en política y gestión pública y Doctorante en Derecho.

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