Diputada federal cuestiona elección de magistrados en Congreso de Veracruz

Para la diputada federal Mariana Mariana Dunyaska García Rojas, es preocupante que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz que rindieron protesta hace dos meses tengan acusaciones de fraude, denuncias en materia civil y hasta existe una queja de agresiones, desaparición forzada y pornografía.

Cabe recordar que la toma de protesta a los nuevos magistrados, – el 30 de julio en el Congreso de Veracruz– fue violatoria de la Ley de Amparo, ya que tanto los exmagistrados Roberto Dorantes Romero, Marco Antonio Lezama Moo y Gladis Pérez Maldonado, obtuvieron amparos para no ser removidos de sus cargos.

También dijo que Alma Rosa Flores Ceballos, actualmente magistrada, -quien fungía como juez regional en Pánuco-, tiene acusaciones por fraude de las cajas de ahorro de Cirilo Ocampo Verdugo, los denunciantes acusan que fue negligente al revisar el expediente civil 241/15/I.

Además, existe un escrito que mandaron a la presidencia de la República en 2019, donde la acusaron de dilación, negligencia, parcialidad y obstaculización por parte de los impartidores de justicia, en el texto señalaron a Alma Rosa Flores Ceballos, hoy actual magistrada del Poder Judicial de Veracruz.

Sobre el caso de Antonio Sobrevilla Castillo, hoy magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; “tiene una denuncia de materia civil en su contra”, con el expediente 1570/1999.

Además, para la diputada panista el caso más delicado es el de Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la cual fue adscrita a la Primera Sala en el espacio que ocupaba Marco Antonio Lezama Moo; la antes citada fue juez en Poza Rica y fue la responsable de vincular a proceso a la exalcaldesa de Xalapa, Armida N, acusada de desaparición forzada.

“Hay una queja presentada en su contra por cuestiones delicadas de agresiones, pornografía, acoso y desaparición forzada; entre otras más”. En 2019 se presentó una queja en su contra, una veracruzana fue víctima de agresiones físicas, pornografía y acoso por parte del sobrino del exalcalde de Tihuatlán, Francisco Ortiz Yorio. Ella acusó que Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien era la juez en esas fechas, presuntamente hizo actos de corrupción y omisión, puntualizó García Rojas.

Ante estos antecedentes la legisladora lamenta que los diputados de la Sexagésima Quinta legislatura de Veracruz no hayan tomado en cuenta los expedientes e historiales de los hoy magistrados.

Por último señaló, que es lamentable que no haya respeto a la división de poderes; además de puntualizar que ningún diputado debe de estar por encima de la ley.