LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, BRAZO REPRESOR DEL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR

Samuel Aguirre Ochoa

Poco a poco va quedando claro que el gobierno del presidente López Obrador está inhabilitando al Poder Judicial y haciendo a un lado las leyes que se han formulado desde hace muchos años en nuestro país para sustituirlos por un instrumento represor, por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), institución que utiliza para golpear a sus críticos y a todo aquel que no se someta ciegamente a sus designios. Conforme pasan los días esto se confirma de manera evidente, pues el presidente ha dicho en sus conferencias mañaneras que existe una gran coordinación entre él y la UIF; tan pronto en que el presidente arremete en contra de algún personaje a las pocas horas las cuentas bancarias del citado personaje ya están congeladas sin mediar juicio alguno, con lo que se viola el Estado de Derecho.

Ya lo han dicho varios columnistas destacados de medios de comunicación nacionales y simplemente me limito a reafirmarlo. Existen varios ejemplos de esto, los más recientes son los que tienen que ver con los personajes que participaron en la defensa del agua de la presa La Boquilla, en el estado de Chihuahua. Los campesinos simplemente están defendiendo el vital líquido del cual depende la producción de sus tierras y que el presidente de la República, decidió de manera unilateral entregársela a los Estados Unidos de América. Se organizaron y tomaron las instalaciones de la presa para de esa manera impedir el saqueo del agua.

La Guardia Nacional tomó a la fuerza la presa y los campesinos la recuperaron, en respuesta a esto el gobierno federal tomó acciones represivas en contra de los manifestantes. El pasado 09 de septiembre, fue agredida a balazos por la espalda por elementos de la Guardia Nacional, una pareja que regresaba de participar en las manifestaciones, Jessica Silva y Jaime Torres, falleciendo la esposa.

Posteriormente, en la Mañanera del viernes 11 de septiembre, el presidente López Obrador acusó sin pruebas a varios personajes de estar agitando a los campesinos y el lunes siguiente, a todas estas personas, la UIF les congeló sus cuentas bancarias. Una de ellas fue la de Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua, y las de la propia asociación, así como de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos, lo que generó mucho repudio hacia el gobierno federal entre los pobladores de Chihuahua y de gran parte del país.

Otro caso ocurrió el 3 de octubre de 2019, cuando la UIF bloqueó de manera temporal las cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, para presionarlo a presentar su renuncia al cargo, pues sus posiciones jurídicas no eran del agrado del gobierno. Una vez que renunció le fueron desbloqueadas.

Otro caso son las versiones del presidente en contra de las gasolineras de Antorcha, a las que en un primer momento se las acusó de vender huachicol, delito que la UIF no pudo comprobar, por lo que al poco tiempo cambió la acusación por el de lavado de dinero y de recibir dinero en efectivo, razón por la cual la UIF procedió a bloquear las cuentas de algunos de los pequeños negocios del Movimiento Antorchista.

La UIF no realizó las notificaciones legales pertinentes, tampoco aportó pruebas de sus acusaciones y procedió al linchamiento mediático de varios dirigentes de Antorcha ante los medios masivos de comunicación, presentándolos como culpables de cometer delitos sin haberlos sometido a ningún proceso judicial, con el claro propósito de desprestigiarlos ante la opinión pública y preparar el terreno para reprimirlos políticamente. Se trata de una actitud represiva en contra de una organización que está luchando contra el grave problema de pobreza que hay en México y porque se ha atrevido a criticar públicamente las fallas del actual gobierno.

Con estos tres casos se comprueba cómo la UIF es un arma represiva del actual gobierno; se comprueba además que algunos medios de comunicación están siendo utilizados como fiscales, jueces y verdugos y de cómo el país se enfila hacia una dictadura de gente sin escrúpulos, de una clase media llena de rencores, revanchismo y ambición de dinero y poder, representada por un presidente autoritario dispuesto a cumplir los deseos e intereses de sus representados. Se trata de una dictadura impuesta por el engaño, la manipulación y la violencia, por lo que el pueblo debe desenmascararlos y protestar para que se respeten sus derechos constitucionales de organización, de gestión y de libre manifestación, que estos dictadores le han conculcado.