LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO DE VERACRUZ CADA DÍA EN AUMENTO

Andi Uriel Hernández Sánchez

En la semana que concluye el Gobierno de Veracruz volvió a ser cuestionado por el aumento de los actos de corrupción, a pesar de que la bandera principal de Morena fue que se acabaría con ese flagelo social. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI (organismo autónomo perteneciente al propio Estado mexicano) en el 2019 la corrupción en el gobierno que encabeza Cuitláhuac García se disparó en 24.9% con respecto al 2017, 13 mil de cada 100 mil veracruzanos han sido víctimas de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, siendo el rubro con mayor incidencia el de “contacto con autoridades de seguridad pública” con 69, 335 casos por cada 100 mil habitantes.

Si tomamos como verdadera la tesis de campaña del presidente López Obrador, sobre que la corrupción disminuiría en la medida en que las autoridades de más alto perfil del gobierno dieran mayores ejemplos de honestidad, tendríamos que concluir forzosamente que el gobernador Cuitláhuac García y su gabinete más cercano son un pésimo ejemplo para el resto de funcionarios menores, es decir, que son más corruptos que los que habían antes.

Y es que efectivamente sobran los ejemplos en los que funcionarios de primer nivel del Gobierno de Veracruz se han visto involucrados en actos de corrupción. El más reciente caso, suscitado precisamente en la última semana, fue otro escándalo destapado en la Secretaría de Educación que encabeza Zenyazen Escobar García, en la que el senador panista Julen Rementeria presentó en un video en sus redes sociales, una investigación sobre tres obras de infraestructura educativa en escuelas de nivel básico presuntamente inconclusas y en las que los contratos habían sido entregados a tres empresas fantasmas, cuyos domicilios fiscales eran en realidad “tiendas de mole, cantinas clandestinas y casas abandonadas”, como un caso de probable desvío de recursos públicos para otros fines nada claros.

Rápidamente, el secretario Zenyazen Escobar salió a desmentir y a presentar las pruebas de que las obras mencionadas sí habían sido construidas, también los directivos de los planteles aludidos a través de sendos videos ratificaron la existencia de las obras, sin embargo, nada se dijo sobre que dichos contratos se entregaron a empresas con domicilios fiscales falsos a todas luces.

Como una forma de quitarse el golpe, Escobar García y varios otros funcionarios de la 4T veracruzana reviraron la acusación al senador panista, recriminándole que cuando fue secretario de Obras Públicas, durante el sexenio de Miguel Ángel Yunes, entregó obras por montos millonarios mediante asignación directa para beneficiar a sus compañeros de partido. No solo eso, lo acusaron de que él mismo había entregado obras a una de las mismas empresas fantasmas: Solución Integral de Ingeniería Construcción y Mantenimiento S.A. DE C.V. por 29 millones de pesos para la edificación de un parque en Minatitlán, cuyo domicilio fiscal ubicado en Río Rosa número 224 en Río Medio, Veracruz resulta ser “una casa abandonada, en malas condiciones, donde no hay ni foco y que tiene aspecto de que en el pasado fue una cantina”.

Sin embargo, tales hechos no invalidan la acusación de corrupción contra la SEV. Primero, porque aun cuando el senador haya incurrido en ilícitos nada le impide señalar a otros de haber cometido los mismos actos, se incurre en una falacia Ad Hominen, es decir, se ataca a la persona que emite la acusación, desacreditándole para que los demás no lo tengan en consideración y no a las acciones en sí. Y lo segundo es aún peor, pues si en el actual Gobierno de Veracruz ya sabían que la empresa domiciliada en Río Medio, Veracruz presentaba irregularidades, pues las oficinas desde las que dice operar en realidad no existen, ¿por qué decidieron seguir haciendo negocios con ella?, ¿para qué actos ilegales la usaron en el pasado y para cuáles ahora?; tómese en cuenta que Zenyazen Escobar no tuvo empacho en decir que tal empresa “lleva haciendo negocios con el Gobierno de Veracruz desde hace 10 años facturando desde el mismo domicilio”, bastante listo resulto el encargado de la educación de los niños y jóvenes veracruzanos ¿o no?

No se trata de darle crédito así porque sí a Julen Rementeria ni mucho menos de exculparlo de sus malas acciones, pues si ha cometido algún acto constitutivo de delito debe investigarse y castigarse, pero lo mismo debería ocurrir en el caso del actual encargado de la SEV, frente a un hecho en donde claramente existe una irregularidad que necesita ser indagada y esclarecida.

No hay duda, la “Cuarta Transformación” tanto a nivel nacional como en Veracruz resultó ser peor o cuando menos igual de corrupta que los gobiernos priistas y panistas que tanto criticaron en el pasado, pues a este último caso “sospechoso” se añaden muchos otros que sí han sido comprobados y que han terminado en la huida de los funcionarios por la presión social y se agregan además los datos fríos y oficiales de un organismo como el INEGI. A estas alturas ya nadie debería dudarlo, eso de que acabarían con la corrupción fue puro cuento.

Pero tampoco debería asombrarnos mucho, pues esto es lo que se obtiene cuando se le da el poder a verdaderos improvisados, a personajes sin ningún conocimiento sobre los problemas económicos y sociales que aquejan a la sociedad y que por lo tanto no pueden transformarla para bien. La 4T es ya una decepción para millones de mexicanos y con toda y sus tropelías será, tal vez, una valiosa lección de política para el pueblo trabajador, para que no se vuelva a repetir. No es en lunáticos con aires de iluminados dónde está la solución de los problemas del país sino en la fuerza organizada, consciente y permanentemente movilizada de ese propio pueblo.

Tamsa despide injustificadamente a obreros de base.

Aprovechando la cuarentena, Tenaris Tamsa, empresa productora de tubos de acero en el puerto de Veracruz, está despidiendo a trabajadores de base con hasta 10 años de antigüedad.
En audios que han grabado algunos de los obreros despedidos denuncian que solo les notificaron que por “carga de planta”, es decir, por falta de demanda de tubos y poca actividad en la fábrica, debían pasar por su liquidación. Dado que legalmente no se ha decretado una emergencia sanitaria, tal acción es ilegal pues contraviene la Ley Federal del Trabajo vigente.
¿Actuará la autoridad contra esta transnacional o, como otras veces, se someterá a sus designios?, sea como sea, los obreros deben protestar.