24 noviembre, 2024

Contrapunto

Miguel Ángel Gómez Ruiz

Xalapa, Ver., 22 de febrero 2023.- Durante el juicio al que fue sometido el extitular de la AFI y Seguridad Pública en el país, Genaro García Luna, varios delincuentes que purgan largas condenas en cárceles norteamericanas hicieron señalamientos graves, principalmente sobre los recursos que aportaron al entonces funcionario.

Ninguno presentó una prueba. Nada. Sin embargo, aquí en México los simpatizantes de Morena y sus gobiernos, dieron por hecho esa información y se alegraron de lo ocurrido.

Uno de los delincuentes, al dar su testimonio, informó que él entregó 300 mil dólares mensuales al gobierno de la Ciudad de México por largos períodos, entre 2000 y 2008, tiempo en el que gobernaron Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubon.

Allí, todos los que aplaudieron decidieron guardar silencio. Como avestruces, ocultaron la cabeza donde pudieron y solo uno que otro se atrevió a desestimar esas declaraciones.

No se juzgó por igual, es cierto, pero de haber culpables, tanto los entonces jefes de gobierno como los funcionarios que laboraron en áreas de seguridad en aquél entonces, son iguales de culpables.

La corrupción es un lastre en México. En muchos casos se acusó de corrupción quizá a quienes no la practicaron y muchos que están envueltos en ella gritan su inocencia y se alían a los gobiernos para no tener que pagar por sus fechorías.

Desde ayer, los morenistas se lanzaron contra Felipe Calderón, el expresidente que ha sido el único que se atrevió a enfrentar a los grupos delincuenciales. Él contó con su personal, bueno o malo, para llevar a la cárcel a un buen número de sicarios.

En la actualidad, casi a ningún narcotraficante se le toca. De hecho, han circulado fotos del presidente López saludando a la mamá del Chapo Guzmán y departiendo con su familia, al lado de uno de los hermanos del narcotraficante preso en Estados Unidos. Allí, sus seguidores lo consienten.

Sin embargo, si ponemos un ejemplo sobre corrupción bien podríamos hablar sobre Segalmex, una empresa pública creada al inicio de su gestión. Tanto Segalmex, así como Diconsa y Liconsa, presentan irregularidades por 15 mil millones de pesos de 2019 a 2021 y el mismo presidente cambia el tema. Él no puede ignorar eso aunque finja demencia, pues el daño patrimonial fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Del mismo modo, los cálculos sobre el costo de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya se duplicaron y van camino a triplicarse. En ambos casos todo parece destinado al fracaso, pues en Dos Bocas no será posible que se refine un barril de petróleo por lo menos de aquí a un año y en cuanto al Tren Maya, los daños –sí, los daños ecológicos- son incalculables y lo que es peor, la madera de los cientos de miles árboles cortados se trasladó a lugares en donde, quizá, algunos fueron los afortunados para comerciarla. Se cree que el Tren Maya tampoco funcionaría en su totalidad de aquí a lo que resta del mandato del presidente López.

Aunque es una realidad que todos queremos que al país le vaya bien, no habrá avances mientras el presidente siga causando división. Acusa a otros gobiernos de corrupción y un daño incalculable y hasta ahora, quizá una o dos cosas le hayan salido, pero no logró probar –por ejemplo- que hubiera corrupción antes de apoderarse de un sinnúmero de fideicomisos.

Por muy ocurrentes –y a la vez, ignorantes- que hayan sido sus funcionarios, estos poco o nada han hecho para el bien del país. Uno de los casos más dramáticos fue el de Delfina Gómez, una mujer que se hizo cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sin cumplir con lo básico y que ahora, como premio, es candidata al gobierno del Estado de México, lugar en el que se apoderó del diez por ciento del salario de cientos de trabajadores en Texcoco y por el que fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sí, en la administración del presidente López no han sido pocos los que han quebrantado la ley.

En el sur de Veracruz, ya sea en Coatzacoalcos o Minatitlán, la poca obra que se ha entregado a constructores no ha beneficiado a los contratistas veracruzanos. Casi en su totalidad, las obras fueron otorgadas a empresas foráneas, aliadas con la cuarta transformación, desde luego y eso es grave, pues indica que hay una corrupción atroz, tanto a nivel estatal como federal.

Y sigue el caso de Araly

En la administración del gobernador Cuitláhuac García no ha hecho falta que alguien lo exhiba. Él sólo se ha encargado de ello.

Una periodista xalapeña lo exhibió al asegurarle que jamás verificó la dirección de la empresa de Araly Rodríguez, una trabajadora de la Sev que ganó –gracias a él y sus funcionarios- alrededor de 35 contratos.

Como era natural, cuando se vertió la información, Cuitláhuac García copió a su maestro, el presidente López, culpando a los medios de mal informar a la opinión pública.

No hizo falta. El mandatario, así como su pusilánime equipo, fueron evidenciados en muchos medios de comunicación por su idiotez para manejar un asunto delicado, pues otorgar contratos sin licitación es grave y además, es corrupción, algo que según el ingeniero y otrora golpeador perredista en sus tiempos mozos, ha negado en todo momento.

El caso Araly Rodríguez seguirá y ella puede estar tranquila, pues la administración actual no puede tocarla. Sí, ella tiene sujetados de los güevos al mandatario y a varios de los secretarios que, o cayeron rendidos a sus encantos o pensaron que podrían beneficiarse junto con ella. Nada les salió.

PD También es corrupción que el Poder Judicial, santuario de la justicia, no le devuelva su puesto al magistrado Marco Antonio Lezama Moo, quien ganó un amparo tras ser despedido hace dos años. Pasa el tiempo y eso se tiene que resolver, pues la corrupción allí dentro sigue creciendo. También, es importante que no se olvide el caso de Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, Premio Nacional al Mérito Judicial en 2011, que también fue despedida injustamente en 2021.

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