¿Qué viene para el Poder Judicial?
Contrapunto
Miguel Ángel Gómez Ruíz
Xalapa, Ver., 13 de octubre 2021.- Se ha publicado una serie de rumores sobre una posible salida de la actual presidente del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz.
Inclusive, personal cercano ha comentado que la situación al interior es muy tensa. La carga de trabajo es excesiva y cada día se paga menos. No en balde el Poder Judicial depende de la buena voluntad de un extraño, en este caso el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien metió las manos hasta donde le fue posible y ahora condiciona las cosas para darles una ampliación presupuestal.
Y ni eso, porque el Poder Judicial requiere por lo menos 500 millones de los más de 600 millones que les quitaron tanto en Sefiplan como a la hora de aprobar el presupuesto de Egresos 2021. No olvidemos que la Constitución Política del Estado de Veracruz dice que el citado poder debe recibir el dos por ciento del presupuesto total de la entidad, por ello le correspondían 2 mil 200 millones de pesos.
La ignorancia del personal cercano a Romero Cruz, del propio gobernador y de los diputados locales –todos-, propició que hubiera huecos en el presupuesto. Amén de que ahora se cree que desapareció el dinero que formaba parte del Fondo de Mejoramiento para la Impartición de Justicia. Tanta ha sido la ambición que ya no hay dinero para los magistrados que merecen un retiro digno.
Aunque muchos lo nieguen, es vital que Isabel Inés Romero Cruz deje el cargo. No tiene experiencia, siempre fue una funcionaria que no tuvo blasones ni mucho menos honor, pues fue despedida y con riesgo de ir a prisión tras ocultar un amparo.
Ahora, sus conocimientos son limitados, depende de la ayuda de su personal cercano que sabe más que ella. No sabe contar, ni tiene idea de lo que se realiza con los recursos del Poder Judicial. Espero que por lo menos esté enterada que los mil 604 millones de pesos que había para este año ya no están.
La corrupción que prevaleció sobre la construcción de las ciudades judiciales y otros rubros ha sido evidente y nadie ha sido sancionado.
Para más, implementaron una serie de ahorros que perjudica a todos y no beneficia a nadie, pues recortar el salario de magistrados es ilegal, además de indigno, razón por la que varios magistrados tuvieron que ampararse. La razón es sencilla, la Constitución prohíbe cualquier modificación al salario de un magistrado para evitar suspicacias y actos de corrupción.
Quizá el peor pecado cometido por Isabel Inés Romero Cruz y sus cómplices fue negarse a reinstalar a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes, cuyos amparos causaron estado. Esto quiere decir que deben ser reinstalados porque sí, pues fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ambos juristas cumplieron los 70 años, pero eran magistrados antes que se aplicara la ley Yunes, así que no debe ignorar que la ley no es retroactiva.
Del mismo modo, perjudicó a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros al ordenar que dejara el Poder Judicial, con un despido indigno y, además, con su personal perjudicando artículos valiosos de la magistrada más laureada en el Poder Judicial. Al parecer, ninguno de sus empleados le comentó que Castañeda Palmeros, por decreto, fue nombrada magistrada numeraria inamovible. Además, fue ganadora del Premio Nacional al Mérito Judicial, algo que Isabel Inés nunca logrará.
No es por molestar, pero Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros le supera en todo, en estudios, doctorados y maestrías, además de que escribió varios libros, obtuvo mención honorífica en su carrera universitaria, brilló como juez en 16 juzgados del estado y ha tenido muchos reconocimientos.
De hecho, Isabel Inés Romero Cruz no debe olvidar que cuando fue despedida por Teresita Álvarez Santés por ocultar un amparo, una de las personas que la defendió para evitar que fuera a prisión fue Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros.
Epílogo
Faltan muchas cosas por hacer en el Poder Judicial. Primero, evitar que para 2022 vuelvan a darles un presupuesto paupérrimo. Que ahora sí se haga algo para evitar contagios de covid-19.
Evitar el maltrato a trabajadores de contrato y sindicalizados. Que se implemente una estrategia para implementar la justicia digital y que ya no se nombre a magistrados sin conocimientos ni carrera judicial.
Y que se vaya Isabel Inés Romero Cruz, para siempre.
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