Poder Judicial, problemas y las posibles soluciones.

Miguel Ángel Gómez Ruíz

Contrapunto

Xalapa, Ver., 29 de septiembre 2021.- Lo que ha ocurrido en el Poder Judicial desde octubre de 2019 a la fecha ha sido una pesadilla.

Hay que destacar los malos manejos de los recursos; el nombramiento de 22 personas que no tenían carrera judicial; actos de corrupción; mal manejo de un fideicomiso tan importante como es el fondo para el mejoramiento de la Justicia; nombramientos de jueces que ni idea tienen de la aplicación de la justicia y una enorme lentitud para resolver los asuntos, entre ellos la pandemia de covid-19 que puso en riesgo a trabajadores, abogados y justiciables.

En 2019, el nombramiento de Sofía Martínez Huerta como presidente del Poder Judicial fue un insulto a la inteligencia de los veracruzanos. Carente de conocimientos y sobre todo de experiencia, la mujer se fue enredando en la telaraña de corrupción que tejió en pocos meses. Al final, peleada con el ejecutivo estatal, tuvo que dejar el cargo.

Y el cargo, poco antes de ser destituida Martínez Huerta, recayó en otra recién magistrada electa, Isabel Inés Romero Cruz. Vaya, no se tomó en cuenta a nadie que tuviera más tiempo que ella. Quienes la eligieron se olvidaron que había mujeres con mejores perfiles y con una carrera brillante, como los casos de Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros y Beatriz Rivera Hernández, entre otras.

Con un negro historial desde que fue empleada administrativa en el Tribunal Superior de Justicia, ocultando un amparo de un preso que contrató a un grupo de abogados para dejar la prisión, Isabel Inés Romero Cruz fue despedida por la magistrada Teresita Álvarez Santés. Lo que la salvó fue que suplicó ayuda al entonces presidente Julio Patiño, que la envió a un juzgado lejano para apaciguar el escándalo que había provocado la hoy titular del Poder Judicial.

Los desatinos de la señora son evidentes e inclusive, reconoció que no conoce el mecanismo para el manejo de un presupuesto, lo que indica que las cuentas no son lo suyo, lo malo es que tampoco el tema de la impartición de justicia lo es, pues cada día hay más problemas en la entidad, en juzgados y ciudades judiciales.

Soluciones

Pese a todo, Isabel Inés Romero Cruz bien podría dejar a un lado la venganza en contra de quienes se han opuesto a sus decisiones y quitarse de problemas. Es evidente que de la ley conoce muy poco y de política no sabe nada. Es quizá el momento que alguien le asesore para que ya no tenga más problemas y duerma en paz.

Por principio de cuentas, bien podría ordenar que le restablezcan sus prestaciones a Mario Santés, un abogado de oficio que carece de servicio médico pues alguien en el Poder Judicial dio la orden para que ya no se le atendiera. Mario Santés es familiar de Teresita Álvarez Santés, la misma que hace muchos años despidió a Isabel Inés Romero Cruz.

Del mismo modo, para evitarse un nuevo lío judicial, debe reintegrar en la octava sala a la magistrada Concepción Flores Saviaga. La declaración que dio el martes de que la magistrada estaba a gusto como visitadora fue una mentira del tamaño de las que dice López Obrador. Engañó a reporteros y trató de dejar en mala posición a la propia Flores Saviaga.

También, debe acordar con el gobierno del estado (que ha intervenido el Poder Judicial de forma infame) y con los diputados locales, para que reintegren a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, para evitarse nuevas multas, destitución de su cargo, cárcel e inhabilitación. No debe olvidar –si conoce la ley- que los amparos de ambos magistrados ya causaron estado, esto es, se les tiene que restituir. Y, además, pagarles, pues no han cobrado sus salarios.

Y debe reunirse con la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros. Primero, para agradecerle que hace muchos años, evitó que fuera a la cárcel al interceder con el magistrado Julio Patiño, quien tuvo piedad y no la despidió. Es cuestión de voluntad, que la cite y acuerden el monto de su fondo de retiro y posteriormente, que le permita llevar sus documentos para tramitar su jubilación. Sería bueno que lo hiciera, para evitar otra intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos jueces podrían ordenar que la magistrada fuera restituida en su cargo, pues no hay que olvidar que mediante un decreto emitido por la Legislatura de Veracruz en noviembre de 1997, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, es inamovible.